Los orígenes del debate sobre el matrimonio homosexual

Artículo:

María Jesús Miranda
Sociología

 '70s Gay Rights Protests

Al inicio de la transición las socialistas me querían. Firmaron los papeles para que la LCR pudiésemos presentarnos a las elecciones constituyentes. Si no recuerdo mal, conseguimos más avales que votos.

Luego, en la campaña para las elecciones de 1982 acompañé a sus candidatas más ilustres, como Carlota Bustelo y Elena Arnedo (ginecóloga y primera mujer de Boyer) a sitios que ellas ni sabían que existiesen, como las Asociaciones de Mujeres de San Blas, La Elipa, Vicálvaro

Soltaban su argumentario de campaña y las señoras preguntaban: ¿Y con qué dinero vais a hacer todo eso?. Y ellas, muy lanzadas: “Persiguiendo el fraude fiscal y expropiando tierras improductivas”. Y las señoras decían: “Pues a ver”.

Según fuimos viendo nos fuimos distanciando. Pero en 1983 Carlota Bustelo me nombró Subdirectora del Instituto de la Mujer y en 1985 Dolors Renau me invitó a unas Jornadas Socialistas sobre la Mujer en el Congreso de los Diputados. Era una intervención muy cortita y decidí dedicarla a mis amigas lesbianas.

Sugerí a aquel ilustre público de diputados y senadores que “la tendencia era hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo cromosómico”. Hoy suena un poco raro, pero entonces yo no sabía expresarlo mejor.

El viejo senador y ateneísta José Prat, que ya había sido durante la II República miembro de la Asociación de Abogados socialistas, escuchó con muchísimo interés, y me preguntó: “Oye, ¿no serás tú de esas neokantianas?”. Me acuerdo porque yo no sabía ni que existieran los neokantianos y supongo que me puse hasta colorada de vergüenza. Pero bueno, pude asegurarle sin mentir que carecía de cualquier influencia neokantiana.

Mira, pero planté mi semillita y treinta años después se aprobó el matrimonio homosexual.

Yuri Rueda, que anda en esas cosas LGTB, ha puesto el articulito al día. Como en todo, quedan tantas cosas por hacer…

¿Igualdad real para las personas no heterosexuales? Retos de los movimientos y de la izquierda

Artículo:

Yuri Rueda Estévez

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Si hace 30 años se constataba que la “tendencia estructural es a la constitución de parejas entre personas del mismo sexo cromosómico” como consecuencia del modelo de igualdad (legal) de las parejas, hoy esa tendencia se ha convertido en marea, ¡las parejas del mismo sexo ya son legión!

Tal vez exagere, pero así lo parece al menos en algunos barrios de algunas ciudades del Estado Español. La visibilidad de las parejas del mismo sexo va en aumento y se acerca a la “normalidad”. Esto es más cierto para las parejas de cishombres que para las de cismujeres; también en este ámbito, como en tantos más, la visibilidad de las mujeres es menor.

¿A qué se debe este aumento de las parejas del mismo sexo? Sin duda un elemento central es el recorrido jurídico de dichas parejas. A finales de los años 90 y comienzos de los 2000 diversas comunidades autónomas regularon las llamadas parejas de hecho, que permitía a las parejas, incluidas las del mismo sexo, inscribirse como tales para obtener algunos beneficios administrativos. Algunas fueron más avanzadas, ya que permitían la adopción por parte de cualquier tipo de pareja.

En 2004 el Congreso de los Diputados aprobó la extensión del derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo, estableciendo la ley más avanzada en el mundo al reconocer todos los derechos, incluido el de adopción, a todas las parejas.

Se puede decir que ese fue un ejemplo de que las leyes no siempre reflejan la realidad social sino que pueden modificarla. Si bien en el momento de aprobar la ley de parejas del mismo sexo la mayoría de la sociedad española se mostraba a favor del matrimonio, solo el 48% estaba a favor del derecho de adopción, según el barómetro del CIS de junio del 2004.

En 2010, apenas 6 años después de su aprobación, el 56% de la población española estaba de acuerdo con que las parejas del mismo sexo tuvieran derecho a adoptar (1).

¿Hemos alcanzado la igualdad real?

¿Ha supuesto la igualdad jurídica del matrimonio homosexual la igualdad real para las personas no heterosexuales? La realidad es que los centros educativos, los centros de trabajo y los ámbitos familiares siguen siendo espacios de discriminación.

Sigue siendo difícil mostrar públicamente afectividades no heteronormativas, con la excepción de los barrios que mencionaba en la introducción, en bares, restaurantes o demás espacios públicos.

Si bien la sociedad española es razonablemente tolerante con la homosexualidad si la comparamos incluso con países supuestamente avanzados de nuestro entorno, la tolerancia es completamente insuficiente. Muchos colectivos de liberación sexual suman a sus reivindicaciones el rechazo a la tolerancia.No queremos ser toleradxs, queremos ser respetadxs.

Hemos alcanzado un nivel de corrección política suficiente para que en general las personas no heteronormativas seamos toleradas (afortunadamente cada vez hay menos agresiones físicas y verbales) pero esto no implica que seamos respetadas. Y hasta que no se nos respete no desaparecerán el chiste, la chanza, la ridiculización, la humillación, toda esa serie de elementos discursivos que siguen construyendo una sociedad llena de obstáculos y desigualdades.

Y si bien las parejas homosexuales están razonablemente integradas en la sociedad española si la comparamos con nuestro entorno, ¿qué precio hay que pagar para estar felizmente integradx? A partir de la ley de matrimonio homosexual se ha implantado una asimilación heteronormativa de las parejas homosexuales.

Es decir, los avances sociales logrados a partir de la ley han supuesto la extensión de los modelos heteronormativos de valoración y exclusión social a las personas no heterosexuales. Nos han “compartido” sus valores. La pareja estable, la prosperidad material, la discreción sexual, los roles masculinos y femeninos normativos, la maternidad y la paternidad, la monogamia, son valores burgueses y heteronormativos a seguir si queremos ser personas socialmente integradas.

Solo así recibiremos a cambio tolerancia. Y no nos quejemos, que vivimos en el país más tolerante del mundo.

Es así que se construyen gays y lesbianas, personas respetables, integradas en su comunidad, con proyectos vitales relativamente predecibles basados en el consumo y cánones de belleza normativos establecidos por el capitalismo. ¿Pero qué sucede con bolleras y maricas, esxs individuxs abyectos que no siguen los valores heteronormativos burgueses? Pues lo mismo que con las personas heterosexuales que tampoco los siguen, como las personas promiscuas o las putas: son relegadas, excluidas y penalizadas socialmente.

La igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo ha traído consigo, pues, la aceptación social de las parejas del mismo sexo heteronormativas y de las personas que se declaran homosexuales y se comportan de forma socialmente aceptable.

El siguiente reto en la lucha de liberación sexual deberá ser la visibilización, conquista y ocupación del espacio público del resto de personas que quedamos fuera de la norma heteronormativa. El siguiente reto es la despenalización social de los cuerpos, los deseos y los proyectos vitales múltiples y diversos.

¿A quién corresponde acometer esos retos? Obviamente no a la derecha. La derecha española es depositaria de tradiciones políticas retrógradas, cercanas a las corrientes católicas más tradicionalistas.

Su posición en toda la trayectoria jurídica del derecho al matrimonio fue siempre de oposición visceral e incluso mantuvo recursos ante el Tribunal Constitucional contra algunas leyes autonómicas de parejas de hecho y contra la estatal de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si bien algunas corrientes de la derecha más cercanas al liberalismo se han mostrado a favor de los derechos de las personas homosexuales, lo cierto es que la derecha española representa aquello contra lo que habrá que luchar en el desarrollo del reto de la visibilización y despenalización social mencionado anteriormente.

¿Corresponde por lo tanto a la izquierda? ¿Al movimiento de liberación sexual? ¿Qué relación hay entre ambos? El movimiento de liberación sexual tiene unos retos y unas responsabilidades a desarrollar en el seno, o en su relación con las organizaciones de izquierda. Y también la izquierda tiene retos de futuro en su influencia sobre el movimiento de liberación sexual.

Retos de la izquierda y el movimiento de liberación sexual

A pesar de que la lucha de liberación sexual ha sido en los últimos 40 años cercana a la izquierda, la relación entre ambas no siempre ha sido fácil ni ha ido de la mano. La izquierda más zorrocotroca ha hecho gala de sus inclinaciones machistas y homófobas sin atisbo de rubor ni de reflexión política alguna.

Para esa izquierda zorrocotroca, que bebía del marxismo tradicionalista que hablaba de “perversiones sexuales” y “desviaciones pequeñoburguesas” para referirse a la homosexualidad, no merecía la pena dedicar un minuto a ninguna reflexión que no aludiese a la lucha de liberación de la clase obrera porque dicha liberación traería inefablemente la liberación de todas las opresiones.

Opresiones, las patriarcales, que no dudaban en reproducir en el seno de sus organizaciones o en su vida personal (a este respecto, me permito recomendar Le relazioni pericolose. Matrimoni e divorzi tra marxismo e femminismo de Cinzia Arruzza).

Me preocupa más la heteronormatividad de esa otra izquierda, la que sí demuestra tener una sensibilidad por la lucha feminista y la lucha de liberación sexual. Esa izquierda que no solo dice estar concienciada y propicia la creación de grupos de trabajo de liberación sexual en sus organizaciones porque es políticamente correcto, sino que considera la liberación sexual como un pilar más de las luchas políticas de emancipación.

En esa izquierda comprometida se da a menudo una suerte de conformismo intelectual, de autocomplacencia, por haber evolucionado en sus planteamientos con respecto a la lucha de liberación sexual. En esa izquierda he oído cosas como “soy defensor de los derechos de los homosexuales pero los gays con pluma lo hacen para exagerar” o “un familiar muy cercano era homosexual y siempre lo acepté sin ningún problema, pero él no era femenino, era un hombre” a personas (cishombres) que sinceramente respetan y defienden los derechos de las personas homosexuales. Pero lo hacen desde discursos patriarcales y heteronormativos.

Valiéndome del ejemplo de la pluma de algunos maricas (algo que pone visiblemente nerviosos a los cishombres heterosexuales), no solo no ven el gran potencial político de la subversión de los roles heteronormativos asignados en base al sexo genital, sino que ni siquiera son capaces de respetar el derecho individual a comportarse libremente.

Señalaría este como el gran reto para el movimiento de liberación sexual en la izquierda. Es nuestra responsabilidad colectiva que las personas no heteronormativas no nos convirtamos en trofeos a mostrar, en floreros que demuestren lo modernas que son las organizaciones de izquierda, sino ser acicates que inciten a la reflexión crítica y a la subversión de los elementos discursivos basados en estructuras binaristas, patriarcales y heteronormativas.

También hay retos para la izquierda política en el movimiento de liberación sexual. Una de las consecuencias de la aprobación del matrimonio homosexual en el Estado Español ha sido el aburguesamiento del movimiento de liberación sexual.

Un gran sector del mismo, que se suele denominar mainstream, ha derivado en una mezcla de movimiento institucionalizado cuyo ámbito de acción es el de asesoramiento y consultoría de administraciones públicas (labor por cierto absolutamente necesaria) y club de ocio y organización de eventos.

Basta observar las acciones de las asociaciones de gays y lesbianas mayoritarias del Estado. Con organizaciones empresariales como aliadas organizan macrofiestas basadas en el llamado consumismo rosa y publicitan un estilo de vida burgués y elitista.

Han vaciado totalmente de contenido político manifestaciones como el día de la liberación sexual de Madrid, transformando lo que anteriormente fue una manifestación en un carnaval, un desfile, una marcha festiva.

Es tarea de la izquierda no solo combatir este discurso sino también acercarse y acompañar las reivindicaciones del movimiento de liberación sexual alternativo y combativo. Parte de los movimientos sociales, del ámbito de la liberación sexual pero también de muchos otros ámbitos, han quedado decepcionados con las organizaciones políticas de izquierda.

En algunos casos por su falta de implicación en las luchas, en otros por los intentos de fagocitación y apropiación de los movimientos sociales. Esta decepción ha llevado, por ejemplo, a parte del movimiento queer a posiciones individualistas que niegan la utilidad de la colectividad como herramienta de cambio político.

Es responsabilidad de la izquierda llevar a cabo la necesaria autocrítica ante estas prácticas y refundar las metodologías de relación con los movimientos sociales y la sociedad en general, para convertirse de una vez por todas en una herramienta real al servicio de los movimientos sociales y de la ciudadanía oprimida.

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1. Riveiro A (2011, 11 de mayo). La mayoría de los españoles aprueba el matrimonio y la adopción homosexual. El País, sección Sociedad.

El trabajo también es de las mujeres

Artículo:

María Jesús Miranda
Socióloga

Hemos celebrado, quien en la calle reivindicando un trabajo digno y con una paellita con los amigos, quien en un atasco y con una paellita con los amigos, el 1 de mayo. Eso si, la paellita no ha faltado, ¿eh?. Afortunadamente, la paella es uno de los pocos platos que, sobre todo en día de fiesta y entre amigos, preparan los hombres.

Y eso está bien, porque los demás días, casi siempre les toca cocinar a las mujeres. Salvo que sean cocineras profesionales (de colectividades, de restoranes familiares, nada de chefs de cinco  estrellas) cocinan “sin paga”, que decía Martirio. Trabajan, pero no cobran. Insisto porque esta distinción entre trabajo y empleo no acaba de meterse en la cabeza de la gente. Y hay que ver la de trabajo que se hace gratis.

Escribí el artículo que hoy comenta Sandra Ezquerra en un momento muy particular de mi vida. Mi madre había sufrido un grave accidente vascular y se había quedado completamente inválida. Mi padre nos preguntó a las cinco hijas si queríamos hacernos cargo. No a los tres hijos. Pero ninguna pudo aceptar. Dos vivían fuera de Madrid y el resto teníamos nuestros empleos y nuestras familias. Yo además, convivía con mi suegra, que había decidido que “no me podía entender” y se pasaba la vida queriendose enfadar conmigo.

Quiero decir, lo escribí porque me afectaba personalmente. Y lo hice desde una óptica que poca gente entendía entonces: la crisis fiscal del Estado. Un economista norteamericano de formación trotskista, J. O’Connor, escribió, en 1973, un libro titulado “La crisis fiscal del Estado”. Entendió perfectamente que, después de los tratados de Bretton Woods, de la institucionalización de lo que hoy llamamos economía neoliberal y globalizada, ningún estado podría mantener políticas socialdemócratas.

El libro no se publicó en castellano hasta 1981 (editorial Península) y que, a mi me conste, lo entendimos tres: un viejo amigo economista, Jesús Albarracín, que ya no está entre nosotros y que fue quien me lo recomendó; una servidora y, ahora me he enterado en Google, otro profe de la Complu, Manuel Fernández del Riesgo, que escribió en 1994 un artículo titulado “La democracia y el futuro del socialismo” en el que cita tanto a Albarracía como a O’Connor.

El fin de las políticas socialdemócratas tenía dos víctimas inmediatas: los viejos y las mujeres. Lo de los viejos era tan claro que los socialdemócratas españoles forzaron el pacto de Toledo sobre las pensiones en 1995, cuando a Felipe González le quedaban dos telediarios.

De las mujeres solo nos acordamos nosotras mismas, y reivindicamos el trabajo de cuidados. Pero lo intentos de Zapatero por responder a esa demanda (Ley de Dependencia, cheque bebé…) estaban ya condenados al fracaso.

A partir del 2000 los abuelos han ido sustituyendo a las guarderías. Ya ha sentenciado la Ley Wert que la educación de 0 a 3 años no es cosa de educación, sino de asuntos sociales…

El capitalismo es incompatible con la remuneración del trabajo de cuidados, ni en el ámbito público ni en el privado. Solo la reducción de la jornada de trabajo y la renta básica pueden poner las bases para conseguirlo, aunque nos reste a las mujeres la interminable batalla privada porque estos beneficios sociales no se utilicen para meternos otra vez en casa.

Porque la mística de la femineidad ataca de nuevo, advierto. Acaban de ponerle la medalla al mérito policial a la Virgen del Amor Hermoso.

¿En búsqueda de la tribu perdida?

Artículos:

Sandra Ezquerra
Socióloga

En su texto ¿Quién cuida a los mayores?, Mª Jesús Miranda examinaba a inicios de la década de los noventa la evolución histórica del rol de las mujeres en el cuidado de las personas mayores en aras de plantear un debate sobre su desarrollo futuro.

Desde la centralidad de la familia extensa- en su sentido más amplio- en las sociedades europeas preindustriales, pasando por el surgimiento de las prestaciones públicas y las distintas fórmulas de iniciativas de beneficencia a partir del siglo XIX, las mujeres han asumido históricamente, exponía con atino la autora, el cuidado de las personas mayores tanto en el seno de los hogares como en sus múltiples variantes externalizadas.

La precariedad de este equilibrio, sin embargo, se empieza a visibilizar a partir de la década de los setenta del siglo XX, en la que convergen diversos fenómenos: en primer lugar, a pesar de que la “edad de oro del capitalismo del bienestar” promueve la independencia y autonomía de las personas mayores, el aumento de la esperanza de vida contribuye a un envejecimiento de la población así como al incremento del número de personas mayores- más mayores que nunca- con necesidades de cuidado y/o de atención para realizar sus tareas cotidianas.

A pesar de ello, en segundo lugar, la llamada crisis fiscal del Estado originada durante aquellos años determinará una tendencia- inconclusa a día de hoy- a la limitación del gasto destinado a servicios sociales para personas en situación de autonomía restringida y/o diversidad funcional, incluyendo las personas mayores.

En tercer lugar, la disminución de medios económicos como resultado de la jubilación hace que numerosas parejas mayores, y particularmente los hombres, vean su dependencia del cuidado de otros miembros de la familia, casi siempre las mujeres, intensificada en esta etapa de su ciclo vital.

Todos estos procesos vienen acompañados, según la autora, de una pérdida del sentido de obligación hacia el cuidado de las personas mayores.

En definitiva, una mayor demanda agregada de cuidado, una disminución (irreversible, aunque no lineal) de la oferta de cuidado por parte de las instancias públicas y la continuación de la identificación del cuidado como responsabilidad incuestionada del género femenino, han resultado en la pervivencia de la división sexual del trabajo reproductivo en una emergente crisis de los cuidados.

Si a ello le añadimos la impresionante incorporación de las mujeres españolas al mercado laboral desde los años setenta hasta la actualidad o, dicho de otro modo, una decreciente disponibilidad de mujeres especializadas en el cuidado no remunerado en el ámbito privado, nos encontramos en posición de afirmar que lo que Mª Jesús Miranda atisbaba hace 20 años, y desde entonces ha sido ampliamente reconocido y teorizado por los estudios feministas, se ha convertido en un punto de no retorno: mientras que la organización social del cuidado ha sido históricamente, desde una perspectiva de género, profundamente inequitativa e injusta, a día de hoy queda más claro que nunca que es a su vez insostenible.

Las tendencias descritas por la autora en relación al carácter femenino de los cuidados en nuestra sociedad se mantienen. En la Encuesta de Empleo del Tiempo de 2009-2010, por ejemplo, 3,8% de las mujeres manifiestan que su actividad principal diaria corresponde a ayudar a personas adultas miembros del hogar frente al 2,5% de los hombres.

El Barómetro de Marzo de 2014 el CIS, a su vez, muestra que en un día laborable cualquiera el 39,2% de las mujeres tienen el trabajo doméstico no remunerado como principal actividad frente a un 10,2% de los hombres.

En un patrón similar, el 11,2% de ellas se dedica al cuidado de hijos o nietos en días laborables frente al 2,9% de ellos.

Cabe poner esta información en relación con los datos de actividad laboral. Si bien la tasa de actividad masculina no ha dejado de descender desde mediados de la década de los setenta (en 1976 era de 77,80% y de 65,90% en 2013), la femenina ha seguido en el mismo período la tendencia opuesta: en 1976 la tasa de actividad femenina era del 28,67%, en la época que escribía Mª Jesús Miranda se había incrementado a 37,09% y a finales del 2013 se situaba ya en un 53,31% (Datos de la Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística).

De esta manera, la continuidad de la atribución social de los cuidados a las mujeres, combinado con el creciente rol laboral de éstas en las últimas décadas, apunta a una intensificación de lo que se viene conociendo como doble jornada o doble presencia de las mujeres.

Esta doble carga de trabajo mayoritariamente femenina, a su vez, constituye un síntoma importante del incremento de las dificultades a las que previsiblemente seguirá enfrentándose la organización tradicional del cuidado de las personas mayores en los próximos años.

Otra tendencia que también apuntaba la autora era el incremento de la presencia de abuelas y abuelos en el cuidado de nietos y nietas como resultado del crecimiento de la llamada tasa de actividad femenina. Este cuidado era identificado por ella como muestra y potencial de solidaridad y reciprocidad intergeneracional, así como fuente de “enriquecimiento” del papel de los y las abuelas.

Estudios recientes, sin embargo, muestran que la creciente dependencia por parte de numerosas familias de abuelos y abuelas para conciliar el cuidado de los y las más pequeñas con el trabajo remunerado de sus padres resulta como poco problemática.

Las personas mayores dedican el 48,9% de su tiempo al trabajo doméstico y familiar, realizando las tareas del hogar y labores de apoyo a otras personas: el 10,1% de la población de 65 y más años se dedicaba al cuidado de nietos/as o hijos/as como actividad principal en un día laborable en 2009 y casi 8 de cada 10 abuelos/as cuida o ha cuidado de éstos.

Esta aportación constituye un recurso fundamental para las familias para poder afrontar el problema de la conciliación entre la vida familiar y laboral: casi la mitad (49,5%) de las personas que cuidan de sus nietos/as lo hace casi a diario y un 44,9% casi todas las semanas, con una media de horas dedicadas todos los días de 5,8 horas.

Por otro lado, casi un 30% lo hace 8 o más horas al día. Esta provisión de ayuda no se circunscribe a los nietos y nietas y un 13,9% de las personas mayores declaran haber prestado ayuda a otras personas cercanas en el último año (en el cuidado personal, ayuda doméstica, en trámites o gestiones, o haciendo compañía) (véase Alfama, Cruells & Ezquerra 2014).

Todo ello indica que el rol de las personas mayores en el cuidado familiar está deveniendo clave y responde no sólo a unos patrones de solidaridad intergeneracional sino también, y muy especialmente, a una carencia estructural de mecanismos de apoyo público en este ámbito.

Dicha carencia se intensifica en el momento actual de crisis económica y afecta de forma muy directa a los sectores sociales con menor capacidad adquisitiva dado que no pueden suplirla contratando servicios privados.

Las cifras hablan por sí solas: el gasto público español en infancia y familia fue en 2011 menos de la mitad de la media europea: 308,9 euros por habitante frente a los 650 de la Zona Euro y los 661 de la UE-15. También las partidas para personas con discapacidad fueron significativamente menores: 404,2 frente a 569,3 y 633,3 (Datos del Eurostat).

Tras los continuos recortes en la Ley de Dependencia desde el estallido de la crisis, a su vez, las personas mayores tienen cada vez menos garantizado el cuidado y la atención a sus necesidades.

Finalmente, ante el creciente desempleo resultante de la crisis las familias cada vez más se ven abocadas a aceptar empleos fuera de su lugar de residencia, en horarios inconvenientes, etc., que dificultan aún más la conciliación. Los ingresos a su vez se reducen, lo que dificulta todavía más la externalización del trabajo de cuidados de las personas a cargo.

Tanto los datos laborales y de cuidados femeninos como el desbordamiento en temas de conciliación de las familias agudizado por la crisis económica- desbordamiento que incrementa la carga de trabajo de las personas mayores a la vez que pone en peligro su cuidado y atención- muestran la urgencia de plantear alternativas futuras a la organización y las fuentes de cuidado de las personas mayores tal y como veníamos conociéndolas.

La implicación de los abuelos y abuelas, así como de otros miembros de la familia extensa, resulta sin duda un indicador de fortaleza de redes sociales y recursos a los que las familias pueden recurrir. Sin embargo, no podemos ni debemos aspirar a que el trabajo de cuidados de los y las más jóvenes que las madres (y en muchos casos también los padres) encuentran cada vez más dificultades para conciliar con su actividad laboral, sea asumido por las y los más mayores.

Tal y como expone Carolina del Olmo en su ensayo “¿Dónde está mi tribu?”, las redes familiares y comunitarias han jugado un papel histórico clave en la crianza y el cuidado de las personas a la hora de proporcionar tiempo, atención, apoyo, conocimientos y compañía.

Dicho papel se ha visto socavado en décadas recientes como resultado de los procesos de individualización, atomización y precarización de nuestras vidas impulsados por el apogeo de la economía de mercado, y su recuperación puede contribuir a concebir y (re)construir un paradigma del cuidado desde la cooperación, la solidaridad y la sostenibilidad.
No obstante, cabe no perder de vista dos peligros.

En primer lugar, la tribu (que puede incluir a la familia extensa, las redes de vecindad, los lazos comunitarios, etc.) ha sido una de las esferas en las que se ha reforzado la noción y actividad de cuidar como inherentemente femenina y perteneciente en cierta manera el ámbito de lo privado.

Su posible recuperación, de este modo, debe estar basada en una clara crítica de la división sexual del trabajo y en la voluntad no de rescatar románticamente comunidades perdidas sino repararlas desde un punto de vista transformador (véase Bauman 2001).

El segundo peligro reside en que la tribu (en su sentido amplio) como fuente de cuidado y solidaridad se convierta en coartada para la retirada del Estado de sus responsabilidades de cuidado y provisión de bienestar.

En este sentido, resulta clave abordar el debate sobre la relación entre lo “común” y lo “público”, así como el rol que cada uno de ellos ha de tener en los procesos de reproducción social. Lo “público”, tal como lo entendemos ahora y a pesar de sus numerosas carencias y contradicciones, continúa siendo el único garante de redistribución y derechos universales.

Más que substituirlo, quizás la tribu puede complementarse con él.

También se puede pensar en fórmulas para que uno de los objetivos de “lo público” sea reforzar y apoyar a nuestras tribus y nuestras comunidades. De lo que no hay lugar a dudas es que resulta tarea imprescindible e ilusionante seguir buscando respuestas a tantos interrogantes abiertos por Mª Jesús Miranda.

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Alfama, Eva; Cruells, Marta; Ezquerra, Sandra (2014, en prensa) “Envejecimiento y crisis: Impactos de la crisis económica en las personas mayores en el Estado español”. Informe Foessa 2014.
Bauman, Zygmunt (2001) Community. Seeking Safety in an Insecure World. Malden, MA: Blackwell
Del Olmo, Carolina (2013) ¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza en una sociedad individualista. Madrid: Clave Intelectual

La domesticación del trabajo

Artículo:

María Jesús Miranda
Socióloga

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Como narraba en la  entrada anterior,  a partir de 1998 un grupo de alumnas de doctorado y gente a la que estaba dirigiendo la tesis constituimos el Seminario permanente de Feminismo y Cambio Social.

Nuestra preocupación era aplicar la perspectiva feminista al conjunto de cambios acelerados que se estaban produciendo en el mundo desde el fin de los Treinta Años de Oro (1945-1975). No queríamos replegarnos sobre nosotras mismas, sino, al contrario, ampliar lo más posible nuestro punto de mira.

No soy capaz de mencionar a toda la gente que pasó por el seminario, a lo largo de sus catorce ediciones. Sus asistentes llevaron a cabo tesis sobre migraciones, empleos en trance de desaparición, como el marisqueo, machismo y homofobia, tráfico de drogas ilegales… No recuerdo más temas, así de memoria.

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El equipo de investigación asociado estudió la imagen que los jóvenes madrileños tenían de su propio futuro, el destino de los heroinómanos de los 80, y, sobre todo, las condiciones de vida de las mujeres en prisión y de sus hijos.

Así mismo, organizamos un Seminario Internacional sobre Mujeres no nacionales en las Prisiones españolas (Delitos y Fronteras, Madrid, Editorial Complutense, 2005)

En 2008 celebramos el décimo aniversario de nuestro trabajo con un número monográfico de la revista Cuadernos de Relaciones Laborales (nº 26, vol.2)  titulado precisamente La Domesticación del Trabajo.

El origen de este concepto está en el artículo que publicamos en esta entrada Mujeres en circuito integrado y en una presentación pública que hicimos en las Jornadas Feministas de Córdoba del 2000.

Personalmente creo que es un concepto potente. En esencia, se refiere tanto a la plasticidad del trabajo doméstico (que invade cada vez más el empleo asalariado) como a la“domesticación” de los empleados y empleadas en virtud precisamente de la flexibilización de sus condiciones de empleo.

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La servidumbre del debate político

Artículo:

María Jesús Miranda
Socióloga

A principios de 1996 yo estaba terriblemente enfadada. Trabajaba todavía en Instituciones Penitenciarias, ahora al frente del gabinete, donde se supone que tenía alguna responsabilidad política. Desde 1994 se habían sucedido sin parar los escándalos en el gobierno socialista: la guerra sucia contra ETA, que llevó a la cárcel a Amedo y Domínguez, los agentes secretos menos secretos y luego a Barrionuevo y a Vera, exministro del Interior y exdirector de la Policía; corrupciones varias, como la de Roldán, que se gastó en orgías cutres las pensiones de los huérfanos de la Guardia Civil, o Mariano Rubio, exgobernador del Banco de España que evadió impuestos…

Estaba claro que aquello tenía que irse abajo, que los españoles serían de centro izquierda, pero no tontos.

Y a todas estas me llaman a una reunión de mujeres socialistas que, seducidas por la idea del contrato sexual que Celia Amorós había popularizado entre ellas, querían hacer de esa idea parte de la campaña electoral. El primer signo de este pacto sería que el PSOE adoptara el sistema de cuotas. A ellas, notables del partido, la cosa les venía muy bien. En mi opinión, al resto de las españolas les daba igual que les daba lo mismo.

De modo que salí tarifando de aquella reunión. Aznar ganó las elecciones, a mi naturalmente me cesaron y pude disfrutar de tres meses de vacaciones antes de reincorporarme a mi puesto en la Universidad.

En esos tres meses, entre otras muchas cosas, escribí el texto objeto de esta entrada. Lo escribí con rabia contenida, con poca información y con un objetivo predeterminado: demostrar que no podía haber un sujeto político feminista universal (ni siquiera a nivel del estado español) que pudiera suscribir un contrato sexual con un partido político. Desde el principio supe que el texto no era bueno y nunca intenté publicarlo, hasta ahora, que me voy desnudando en este blog.

Pero cometí un error. Se lo di a mis alumnas de Doctorado del curso 1996-97 como lectura inicial. El efecto fué inmediato. Las chicas pro-PSOE se quejaron al vicedecano de alumnos de que yo no iba a dar clase. Las chicas con otra adscripción política me apoyaron y lo negaron por escrito. Para demostrar que sí quería dar clase y que no tenía problema de horarios organizamos un seminario voluntario, “Feminismo y Cambio Social” los viernes por la tarde, hasta mi jubilación.

Luego lo hemos mantenido, como jornadas anuales, hasta 2012.

En cursos sucesivos seguí peleando con el sujeto político, el contrato sexual y las cuotas. Dentro de mi cabeza, digo. Sobre éstas últimas llegué a leer el libro de Sylviane Agacinski, Política de sexo (Taurus, 1998) en el que la alumna y exmujer de Derrida y en ese momento esposa del primer ministro socialista francés Lionel Jospin intentaba justificar desde la filosofía política la idea de paridad.

Dado que era conocida como feminista de la diferencia, y que en el propio libro escribe que “debemos conservar la libertad de seducir y ser seducidas. Nunca habrá guerra de sexos en Francia”, reconozco que no llegué a comprender nada. Ahora ya he renunciado a ello, y acepto las listas cremallera como una norma más del sistema electoral.

Agradezco los comentarios de Luisa Posada. Creo que tiene razón y ya he reconocido que mi texto es precipitado y con muchas lagunas, hecho al calor de un debate político. Pero no estoy muy de acuerdo con su conclusión conciliadora. La obra de Judith Butler ha dado vida, sobre todo, al movimiento LGTB y no creo que haya contribuido demasiado a limar asperezas en el seno del pensamiento feminista. Pero eses es ya otro debate, que tendremos que proseguir más adelante.

La construcción de un sujeto político feminista

Artículo

María Luisa Posada

María Jesús Miranda encabeza su texto con una cita de Heller y Fehér sobre la postmodernidad “como el tiempo y el espacio privado-colectivo, dentro del tiempo y el espacio más amplio de la modernidad, delimitado por los que tienen problemas o dudas con la modernidad, por aquellos que quieren someterla a prueba, y por aquellos que hacen un inventario de los logros de la modernidad, así como de sus dilemas no resueltos”. Y entre esos dilemas no resueltos, se inscribe aquel sobre el que la autora nos propone su reflexión acerca de “La construcción de un sujeto político feminista”.

A partir delas referencias a Foucault, Habermas, Offe y Paramio, Miranda entiende que reclamar la incorporación del feminismo a un nuevo orden político pasa por interrogarse acerca de la posibilidad de “construir un sujeto político que defienda de modo genuino los intereses de todas las mujeres, como conjunto homogéneo (…)”.

Y, adelantando sus conclusiones, su respuesta será que tal cosa no es posible, porque “las mujeres no pueden constituir sujetas políticos, ni individuales ni colectivos, porque no existen”.

Para llegar a tan sorprendente conclusión, Miranda repasa cómo aparece el Estado liberal con el caldo de cultivo del pensamiento ilustrado y cómo aparece el individuo que, en tanto sujeto político o ciudadano partícipe del pacto social, será en el primer orden liberal sólo el varón  burgués.

A la vez que el sistema político excluye a las mujeres y a quienes no son propietarios, María Jesús Miranda analiza cómo en el llamado el Estado del Bienestar “aquellos que no poseían sino sus cuerpos se organizaron en algo que se llamó movimientos sociales, precisamente porque no eran políticos, sino que pertenecían al ámbito de la sociedad civil”. Y sitúa ahí el sufragismo.

Cuando pasa al feminismo ya de los años 70, la autora subraya que éste estaba constituido por mujeres profesionales de clase media; y apunta de pasada a lo que fue la disensión entre igualdad y diferencia en el feminismo contemporáneo. Las feministas estarían, por su propia condición, interesadas en mantener las formas de participación liberales y opondrían al pacto entre varones un pacto implícito, que se traduce por ejemplo en “las cuotas de participación de mujeres dentro de los partidos políticos”.

Al plantearse la relación entre feminismo y Estado del Bienestar, Miranda apunta que “el feminismo es decisivo para el futuro de la socialdemocracia y, por ende, para la supervivencia del Estado del Bienestar”. Criticando las demandas de Paramio, Offe, o Habermas sobre la necesidad de incorporar las demandas feministas a la vida política, Miranda observa que “el problema es que ninguno de estos respetables señores tiene sobre sus hombros la responsabilidad de “ser” feminista. El feminismo lo hacen “ellas”, pero, ¿quiénes y cómo?”.

Miranda rechaza igualmente  los rasgos de “moralidad universalista” que Habermas atribuye al feminismo. Y se vuelve a Fraser para coincidir con ella en que el Estado del Bienestar reifica a las mujeres, en tanto clientes, y perpetúa su subordinación. Y añade el argumento de la multitud de feminismos para argumentar que “el movimiento feminista no es, y no puede ser, <universalista>”. Más adelante insiste en que “hay una oposición objetiva de intereses muy fuerte, por ejemplo, entre las mujeres europeas y las latinoamericanas”. En conclusión, no puede haber sujeto colectivo feminista.

Y de esta manera Miranda nos lleva a lo que habíamos adelantado que era su conclusión principal: “Por decirlo más claro, las mujeres no pueden constituir sujetas políticos, ni individuales ni colectivos, porque no existen. Son una falsa construcción más de una falsa ciencia de lo humano”.

Expuesto así, de manera esquemática y a la fuerza algo simplificadora, el hilo argumental de María Jesús Miranda, sus interesantes reflexiones sobre “La construcción del sujeto político feminista” me sugieren, sin embargo, algunas discrepancias que trataré de esbozar , ciñéndome sólo a tres que me parecen particularmente reseñables.

En primer lugar, su acertada referencia inicial a la posmodernidad podría hacer pensar que Miranda está aquí embarcada en la tarea de deconstrucción del sujeto, de esa muerte del sujeto por la que claman los pensadores posmodernos. Sin embargo, creo que no es esta la dirección de la autora por dos razones: porque se ciñe al sujeto político feminista, por un lado, y por otro porque obviamente no se puede deconstruir aquello que simplemente se dice que no existe.

La cuestión del sujeto es crucial para el feminismo, en tanto que proyecto emancipatorio. Y aunque desde luego no se trata de pensar en una identidad “mujeres” homogénea y esencializada, sí parece razonable retomar propuestas que, como las de la feminista posmoderna Julia Kristeva, apuestan por una identidad estratégica “mujeres”, que permita dotar de sentido a un sujeto feminista.

Retomando la idea de “las múltiples diferencias que intersectan” de Fraser (como la clase, la raza, la orientación sexual), no veo que no sea posible seguir pensando con ella en un sujeto político que ha sido capaz de llevar adelante históricamente las reclamaciones feministas y que pueda seguir haciéndolo. Ni tampoco me queda claro por qué la construcción de tal sujeto haya de ser más falsa que la construcción de cualesquiera otros sujetos de la vida política.

Por otro lado, abandonando falsos universalismos, podríamos apelar a una suerte de feminismo nominalista que lo que proponga sea precisamente el horizonte de una sociedad no patriarcal de individuos, no de géneros.

En segundo lugar, y yendo ya a cuestiones más concretas del texto de María Jesús Miranda, cuando rechaza la “moralidad universalista” que Habermas atribuye al movimiento feminista, se apoya en los argumentos de Fraser. Sin embargo, Fraser justamente no parece abandonar cierta óptica universalista en sus planteamientos sobre la justicia de género. Al hablar de la necesidad de integrar los paradigmas de redistribución social y reconocimiento de las diferencias, Fraser afirma en su obra Iustitia Interrupta que “para lo que me propongo aquí, no es necesario comprometerse con alguna explicación teórica particular. Basta con suscribir una comprensión general de la injusticia socioeconómica, moldeada por un compromiso con el igualitarismo” (p. 21).

Si esto es así, parece que para ella el “compromiso con el igualitarismo” retiene la reclamación universalista que concede su sentido a las reclamaciones identitarias.  A partir de ahí yo coincidiría totalmente con Fraser en que, aunque no se trate de hablar de un sujeto “mujeres” ahistórico y transcedental, el carácter normativo del proyecto feminista, en tanto proyecto de emancipación, hace que podamos afirmar la existencia de  un sujeto colectivo, porque  “las feministas sí necesitan hacer juicios normativos y ofrecer alternativas emancipatorias. No estamos a favor del <todo vale>” (p. 293).

Pero, en tercer lugar, yo diría que, más que construido, el sujeto feminista habría sido constituido como efecto de una matriz “poder-discurso”, como lo diría  Judith Butler. En este sentido, no se trata de un sujeto inexistente, sino más bien de un sujeto en constante resignificación según su relación con esa matriz.

Por eso, cuando María Jesús Miranad sostiene que “las mujeres no tienen una sola causa” y subraya la “oposición objetiva de intereses muy fuerte, por ejemplo, entre las mujeres europeas y las latinoamericanas”, la cosa parece evidente. Solo que, a pesar de esa multiplicidad de intereses, yo creo que las mujeres, como sujeto efecto del poder y aun con sus múltiples y diversas causas, ofrecen un modo de subjetividad no inexistente, sino más bien resistente a los efectos del patriarcado.

Porque efectivamente si no aceptamos que existe un sistema de dominación que precisamente produce la marca de sexo-género (precisamente el patriarcado), difícilmente podremos aceptar esa subjetividad resistente que no hace homogéneas  a las mujeres, pero que sí las sitúa en unos mismos intereses que nos son otros que los de encaminarse a la erradicación de esa dominación ancestral.

Más allá de estas observaciones sobre el texto de María Jesús, seguramente quedarán muchos aspectos del mismo que pueden dar lugar a reflexión y debate. Hasta aquí he querido sólo comentar algunas cuestiones que me parecen relevantes porque resultan polémicas. Precisamente en propiciar el debate creo que reside una de las virtudes de este texto, un debate que muestra que los sujetos individuales pueden discrepar desde la complicidad y la alianza feministas.