La compasión infinita

Artículo:

María Jesús Miranda
Socióloga

La revista Dosel Ciudadano fue una de los innumerables experimentos editoriales de la transición. Un editor proveniente del Norte de Europa creo una revista, Ciudadano, que tuvo una indudable incidencia en el desarrollo de la escasa consciencia de las (mas que los) españoles como consumidores: de ahí salió la FECU, (vinculada la PSOE) la OCU (vinculada a una multinacional belga), la Asociación de Amas de Casa y Consumidores (vinculada al PP) y tantas otras.

A finales de 1976 Ciudadano editó un número extra, un Dossier Ciudadano dedicado exclusivamente a cuestiones feministas. Que se vendió muy bien. El editor dijo: “vamos a ponerle nombre” ya registrados y nos quedamos con el Dosel, que a mi personalmente me sonaba a ornamento de cama de hetaira.

Pero no ibamos a discutir por una letras de más o de menos y empezamos a publicar. La revista se vendía, pero no conseguía publicidad. Un estudio de mercado demostró que las mujeres que leían la revista no eran sensibles a la publicidad de sopicaldos, cremas milagro o fajas adelgazantes. Y aunque, como dice el viejo adagio, “donde no hay publicidad resplandece la verdad” publicidad no puede publicarse la verdad. Dosel Ciudadano murió en una fastuosa cena de fin de año de 1978.

Vamos ahora con el artículo. Se trata de una simple recogida de datos, de la constatación de un hecho: la sociedad española salida del franquismo era machista a rabiar, la cogieras por donde la cogieras.

37 años después, los números han variado. Pero a una mujer con una profesión médica le “caen lágrimas como garbanzos” al leerlo. Cada vez somos más las que lloramos el mismo llanto. Somos las más sensibles, las más entregadas, las más afectadas por esa “terrible compasión por mis congéneres” de la que hablaba Bertrand Russell, las que sufrimos cada día el síndrome de la doble incompetencia; soy una profesional mediocre, a pesar de todos mis esfuerzos, y soy una mala madre, hija, amante, amiga… Con frecuencia estoy demasiado cansada y lloro también por mi misma. Soy inestable, bipolar, depresiva… en una palabra, ¡estoy de psiquiatra!

Así que están feminizadas las consultas psiquiátricas, los servicios sociales (la pobreza también está feminizada) y hasta las diversas iglesias, videntes, santeras y programas de TV en los que se anuncian. Conclusión ¡somos tontas!.

Bueno, chicas, basta ya de llorar y fustigarnos. Viky y yo en 1977, el colectivo de mujeres de las profesiones médicas que, de entonces ahora, van llenando las consultas, los pasillos , los laboratorios y los quirófanos de los centros de salud, Elena Casado y su red de colaboradores somos excelentes profesionales, personas amables y excelentes seres humanos. Nos merecemos lo mejor, solo que esta sociedad no es justa. Pero podemos darle la vuelta del revés.

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¿Feminiqué? A vueltas con la feminización de la profesión médica

Artículo:

 

Grupo de Trabajo Cuidados Extensivos
Elena Casado Aparicio, María Eugenia Casado García
Carlos López Carrasco, Lorena Ruiz Marcos,
Pilar Toribio Guijarro , Ana Vicente Olmo

A finales de los años setenta del siglo pasado, las mujeres médicas en España eran pocas y estaban discriminadas, como señala el subtítulo del artículo publicado en Dosel Ciudadano en 1977. Casi cuarenta años después la referencia a la feminización de la sanidad se ha convertido en un lugar común no exento de controversias.

  • ¿Feminización? ¿Qué feminización?

Si en 1977 solo un 6,8% de los médicos colegiados eran mujeres, en 2012 representan el 46,9% (INE, 2012). El salto desde luego es importante pero, a poco que echemos la cuenta, eso significa que el 53,1% son varones. De modo que la feminización de la profesión médica más que una realidad es una tendencia. Una tendencia sostenida en el tiempo y con visos de continuidad pues dos de cada tres aspirantes al MIR en 2013 fueron mujeres. No obstante, su distribución es desigual.

Los varones, que representan un 32,3% de los aspirantes, siguen copando las especialidades ligadas a la cirugía: son el 69,7% en cirugía plástica, estética o reparadora, el 57,3% en cirugía ortopédica y traumatología, el 57,1% en cirugía oral y maxilofacial, el 54,4% en cirugía torácica y en cardiovascular, y el 52,8 en neurocirugía. La única cirugía mayoritariamente femenina es la pediátrica (con solo un 13% de aspirantes varones) que junto a obstetricia y ginecología y pediatría (con un 87,4% y un 85,9% respectivamente) encabeza la lista de preferencias femeninas (Médicos y pacientes, 2013).

¿Cabe hablar entonces de feminización de la profesión médica así, en general? Pues sí y no. Sí si lo que se quiere subrayar es el carácter sostenido y constante del proceso de reapropiación por parte de las mujeres de un campo profesional y científico que les fue vedado con la institucionalización del modelo biomédico tal y como cuentan Ehrenreich e English ([1973] 1988) en Brujas, parteras y enfermeras.

Pero, precisamente por ello y a la vista de los datos, quizá sea más ajustado hablar de desmasculinización de algunas actividades y áreas de la vida en un doble sentido ambivalente e interconectado. Por un lado, frente a esos lugares hoy comunes de “incorporación de las mujeres” en “ese camino que nos queda por recorrer”, como si fuéramos lentitas, el término, aunque raro, deja al descubierto tanto las resistencias a una historia de expulsión y posterior exclusión de las mujeres como los mimbres con los que se teje una densa jerarquía que coloca a los médicos (particularmente de ciertas especialidades) por encima de quienes se dedican a la atención primaria, a ambos por encima de enfermeras y auxiliares y, en general, a los expertos por encima de pacientes y cuidadoras habituales y a lo profesional por encima de lo doméstico.

Una jerarquía, además, atravesada por el género de arriba a abajo y de derecha a izquierda que intersecta con cuestiones de clase y precarización del empleo, con posiciones raciales y/o étnicas, con la edad, con el devenir de los flujos migratorios, etc., al tiempo que se prolonga hacia lo doméstico (por parte de familiares u otros cuidadores, regularizados laboralmente o no) en una cadena femenina de cuidados.

De este modo, frente al diagnóstico de la feminización hablar de desmasculinización nos permite poner el foco en otro ángulo: ¿dónde están y dónde estaban los hombres en unos trabajos, saberes y parcelas tan fundamentales para la vida como son los cuidados, en un sentido amplio?

Y es aquí donde topamos con el segundo sentido de desmasculinización, pues junto a ese desafío contemporáneo por parte de las mujeres al monopolio masculino en el ejercicio de la profesión vemos cómo se mantiene y reproduce el desinterés y abandono por parte de los varones de ciertas tareas, especialidades y espacios degradados por ser considerados femeninos o feminizados al devaluarse (¿qué fue antes, el huevo o la gallina?); una tendencia aún más significativa en tiempos de recortes de lo público.

Sirvan de ejemplo dos datos reveladores, uno del ámbito sanitario y otro de andar por casa

– El porcentaje de enfermeros colegiados ha descendido del 21,2% en 1994 al 15,75 en 2012 (INE, 2012).
En caso de enfermedad el 55,8% de los varones españoles dice que contaría con los cuidados de su pareja frente al 39,7% de las mujeres, que compensan la diferencia apoyándose en otras mujeres de su entorno; así mismo, las madres serían el apoyo para el 23,4% de la población, muy por encima de los padres (2,4%) (CIS, 2010).

De modo que, frente a la idea facilona de progreso naturalizado según la cual con el paso del tiempo las desigualdades se van superando, lo que constatamos es que la diferenciación goza de buena salud y que el género, lejos de disolverse, se rearticula, aunque en otras condiciones. Pero que el género no se disuelva no implica, como sabemos, que sus muros sean infranqueables ni inamovibles, como muestran tanto la historia como las prácticas cotidianas de quienes siguen empujando los límites que les son impuestos como colectivo hacia lugares menos injustos y más habitables.

  • Y sin embargo, se mueve: ¿Quién teme a la feminización?

Que algo se está moviendo queda patente en las resistencias que despierta. El 18 de junio de 2012, Diario Médico, una publicación gratuita de amplia difusión dirigida a profesionales, se hacía eco de las preocupaciones de los presidentes de las Sociedades Españolas de Ginecología y Obstetricia, de Pediatría y de Endocrinología y Nutrición con respecto a la feminización de la profesión médica. Su tesis es clara: la “feminización” es problemática, como corresponde a las posiciones subalternas y por tanto marcadas frente a lo que se asume como norma y normal.

Un carácter problemático que remite a “motivos fisiológicos” de “las féminas” y que, si bien era asumible en tiempos de bonanza, se convierte en una rémora en tiempos de crisis, pues allí donde “el número de mujeres supera al de hombres… empiezan a tener problemas logísticos y de cobertura de los servicios médico quirúrgicos debido a las bajas por maternidad, la lactancia y la reducción de jornada por cuidado de hijos para conciliar la vida familiar y laboral” (Diario Médico, 18/06/2012).

Sus afirmaciones no se sustentan en ningún dato sobre permisos (que no bajas) por maternidad, reducciones de jornada, ausencias o distribución de hombres y mujeres por especialidades, como bien hacía notar Teresa Jerez Salcedo, de la Secretaría de la Mujer de la Federación de Sanidad de CCOO, en su respuesta a la noticia.

Su único sustento son los datos del MIR en 2012, donde se apuntaban tendencias similares a las comentadas más arriba para 2013; datos que les llevan a “exigir que en la cobertura de las plazas MIR se tenga en cuenta la feminización de cada especialidad” y a justificar sin pudor, como quien se enfrenta a un desastre natural, que “esta situación te hace reflexionar cuando tienes que decidir si vas a contratar a una mujer”.

Todo ello, claro, en el caso de médicos, pues entre quienes perciben bajo su batuta (enfermeras, auxiliares…) la feminización siempre ha sido la norma y, por tanto, ni se cuestiona, ni se percibe problemática, ni se ven sus problemas cotidianos en tiempos de crisis.

Como tampoco se cuestiona el que estos tres portavoces de sociedades científicas sean varones, a pesar de que sus especialidades son precisamente algunas de las más feminizadas; de hecho es también “lo normal”: según los datos de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), solo 6 de sus 40 sociedades científicas están presididas por mujeres.

  • Las otras caras (y cuerpos) de la feminización

Los artículos, el de Dosel Ciudadano y el de estos señores alarmados, tienen un argumento en común, aunque con planteamientos opuestos: la responsabilización femenina en el ámbito doméstico-familiar y, con ello, en los cuidados. A ello aludían en 1977 Miranda y Abril para explicar el exiguo número de mujeres médicas y en ello se apoyan los presidentes de las asociaciones profesionales en Diario Médico para justificar sus demandas.

Las primeras cuestionan la división sexual del trabajo que impide a las mujeres participar en igualdad de condiciones en el mercado laboral; los segundos la asumen como destino inexorable y, de este modo, la reproducen y la naturalizan. Esa es la tensión en que se manejan de manera ambivalente las mujeres (cómo me las maravillaría yo, que cantaba Lola Flores): quieren tener una carrera profesional o un sueldo (no siempre es lo mismo) pero no pueden dejar de atender a lo que ellas saben que debe atenderse. Los contextos varían, pero los sinsabores suenan familiares.

Así lo refleja por ejemplo una auxiliar de enfermería que lee el texto de Miranda y Abril 37 años después de su publicación:

“Al leer el artículo han brotado de mis ojos lágrimas como puños… Me siento como esas mujeres norteamericanas de los años 50 a las que se les permitía el «capricho» de estudiar y trabajar. Tenían que ser perfectas: las mejores estudiantes, trabajadoras, esposas y madres. Pero si algo se torcía, digamos que un hijo enfermara, o necesitara un apoyo extra para superar los cursos en el colegio, había que renunciar a algún «capricho». Han pasado casi 40 años y seguimos igual, teniendo que «renunciar» (ahora lo llamamos «priorizar»)… Yo soy madre, amiga/esposa, auxiliar de enfermería y estudiante (en ese orden). En mi planta hay tres médicos (todos varones), una supervisora, 25 enfermeras (solo dos varones), 16 auxiliares de enfermería (todas mujeres) y un celador; por lo que parece que el esquema social se mantiene. Todos se enorgullecen de lo mucho que estudio PERO también soy sancionada cuando se me rompe un tacón de superwoman y cojeo. Por ejemplo cuando mis hijos tienen algún problema ya la cosa no esta tan bien vista: «madre mía, tu marido debe de ser un santo» (cuando no te dicen que «un calzonazos»), «claro, es que los niños son lo primero». En casa aunque mi marido «me apoya» y las labores domesticas y del cuidado están más o menos compensadas, la sanción también está ahí, oculta, velada… Se hace patente en momentos de estrés (vamos, en las broncas).” (Comunicación personal)

En las broncas, como en las crisis, se explicitan efectivamente las controversias y las tensiones amortiguadas bajo discursos igualitaristas que no lo son tanto en las prácticas. La división sexual del trabajo sigue responsabilizando a las mujeres de las tareas domésticas y de cuidados, al tiempo que da cobertura al escaqueo masculino de estas mismas tareas y espacios, invisibles y/o minusvalorados socialmente a pesar de ser absolutamente necesarios para el sostenimiento de lo cotidiano.

Ahí queda de manifiesto cómo el cuidar, en lo profesional (por ejemplo, en la enfermería) y en lo familiar, recae sobre los riñones de las mujeres. Silenciosamente muchas veces, ruidosamente otras. Porque ni a los privilegios no se renuncia fácilmente ni el género se disuelve mágicamente.

Y es que tanto en 1977 como hoy, el género es un dispositivo implacable de organización social. Atraviesa una compleja matriz de contrastes (Strathern, 1980: 177) y jerarquías donde la constitución y demarcación de lo masculino y lo femenino se enreda con la de lo público y lo privado, la naturaleza frente a la cultura, el cuerpo y la mente, lo profesional y lo doméstico, o la razón frente a la emoción…

Demarcaciones jerárquicas que se ponen en escena en el cotidiano acople asimétrico entre hombres y mujeres (Goffman, 1977). Producimos diferenciación; producimos y reproducimos género y, asociados a él, se nos distribuyen desigual e injustamente privilegios y sinsabores. Y así, como se preguntan en uno de los informes de la Sociedad Española de Salud Pública y Atención Sanitaria (SESPAS), ¿quién cuida, por ejemplo, de quienes cuidan?, ¿cómo repercute el cuidar en su salud y en su bienestar? (García Calvente et al, 2004a y 2004b).

  • Otra “feminización” es posible

Pero, aún así, tiemblen señores, tiemblen, porque hay otra “feminización” en marcha que viene a quedarse y que al reivindicar el valor de los cuidados (extensivos, colectivos, ordinarios) en detrimento del imperialismo de la racionalidad científica, deja en evidencia las limitaciones del modelo biomédico y de sus controvertidas abstracciones descontextualizadas, así como las de unas formas de organización social que hacen de la desigualdad de género su sólido y oculto pilar.

De nuevo más que de “feminización” hablaríamos de “desmasculinización” porque no es una reivindicación acrítica de una feminidad naturalmente cuidadora hasta ahora desconsiderada. Se trata más bien de poner en cuestión esa división naturalizada entre lo femenino y lo masculino, así como las posiciones y condiciones diferenciadas y desiguales que de ella se derivan para unos y otras, y la matriz de diferenciaciones jerárquicas en las que opera (público/privado, razón/emoción, naturaleza/cultura…).

Una puesta en cuestión que no es ni mucho menos incompatible con poner en valor los saberes prácticos de quienes cuidan y han cuidado tradicionalmente y reconocer su carácter fundamental (de fundamento) para la vida. Porque en gran medida son los cuidados lo que está en disputa, tanto por lo que toca a la organización social en general (quién cuida de quién, por qué, en qué condiciones, con qué implicaciones…) como a la atención a la salud en particular.

Tampoco ahí faltan voces que apuestan por una medicina al servicio de los cuidados y no unos cuidados al servicio de la medicina. Las hay que llaman la atención sobre los determinantes sociales de la salud (Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la salud, 2009); o apuestan decididamente por la atención primaria (Informe SESPAS, 2012) frente al privilegio material y simbólico de la figura del cirujano.

Y hay también voces que ponen en valor la especificidad de una enfermería que, liberada de “la sombra del modelo biomédico” (Arboledas, 2011), entra con paso firme en el terreno de la investigación y la producción de conocimiento (colaborativo y participativo) en tiempos de salud 2.0.

Frente a la primacía de ciertos saberes expertos, como los que atraviesan el modelo biomédico, cargados de discursos normativos sobre quién y cuándo debe vivir, sobre cómo debemos vivir, cuyo referente es “el cuerpo” (maquinaria orgánica, universal, abstracta, desprovista de la “incomodidad” de las emociones, del obstáculo que supone pensar en un cuerpo como inserto en una biografía), frente a la idea del asistencialismo paternalista que lo complementa y “humaniza”, se propone el acompañamiento de las personas y la atención a sus contextos desde una práctica situada que toma como punto de partida irrenunciable el reconocimiento del otro/a, de los múltiples otros y otras que cuidan y son cuidados/as, y que fomenta el compromiso individual y colectivo con el desarrollo de nuestros márgenes de autonomía y nuestro bienestar material y simbólico.

Y en ese movimiento conectan también las voces que, dentro y fuera del sistema sanitario, desde colectivos feministas, ecologistas, o de diversidad funcional, hasta la reflexión académica y la práctica investigadora pasando por organismos internacionales como la OMS y plataformas ciudadanas como Yo Sí Sanidad Universal, promueven otras formas de entender y atender a la salud.

Porque la salud es una tarea en equipo que se juega en diferentes campos, de modo que es preciso reconfigurar el entramado (institucional, material, laboral, afectivo, tecnológico, de conocimiento) a través del cual negociamos, ofrecemos, recibimos y representamos los cuidados.

Un proyecto ingente y ahora más que nunca necesario (incluso urgente), que tiene como primeros marcadores la visibilización y la valoración del trabajo de cuidar, tanto en el ámbito profesional (regulado y desregulado) como en el de nuestra cotidianeidad. Un “trabajo”, masculino y singular en los diccionarios pero femenino y plural en las prácticas que nos ocupan, que implica tiempo, esfuerzo, aprendizaje, elaboración, dedicación y constante transformación.

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Bibliografía ampliada

– Arboledas, Josefina (2011). “La enfermería ha permanecido oculta tras la sombra del modelo biomédico” (disponible online)
– CIS (2010). Barómetro de septiembre.(disponible online)
– Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la salud (2009). Subsanar las desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Buenos Aires: Ediciones Jorunal (disponible online).
– Ehrenreich, Barbara; English, Deidre ([1973] 1988). Brujas, comadronas y enfermeras. Historia de las sanadoras. Dolencias y trastornos. Política sexual de la enfermedad, Barcelona, Editorial Lasal.
– Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME)(2014). “Sociedades” (disponible online).
– García Calvente, M.M.; Mateo-Rodríguez, I.; Eguiguren, A. P. (2004), “El sistema informal de cuidados en clave de desigualdad”, Gaceta Sanitaria 18 (Supl. 1): 132-139 (disponible online).
– García Calvente, M.M.; Mateo-Rodríguez, I.; Maroto-Navarro, G. (2004), “El impacto de cuidar en la salud y la calidad de vida de las mujeres”, Gaceta Sanitaria 18 (Supl. 2) :83-92 (disponible online).
– Goffman, Erving (1977): “The Arrangement between the Sexes”, Theory and Society 4(3): 301-331. (disponible online).
– INE (2012). Profesionales Sanitarios Colegiados (disponible online).
– SESPAS (2012). “Informe SESPAS. Atención Primaria: Evidencias, experiencias y tendencias en clínica, gestión y política sanitaria”, Gaceta Sanitaria, vol 26 (Suplemento 1) (disponible online).
– Jerez Salcedo, Teresa (2012). “El papel de la mujer en la medicina”, (post disponible).
– Medicos y Pacientes (2013) “Balance del SIMEG sobre distribución de plazas MIR en convocatoria 2013”, (post disponible)
– Serrano, Alicia (2012). “La crisis agudiza los problemas de la feminización”, Diario Médico (18/06/2012)
(disponible online)
– Strathern, Marilyn (1980): “No nature, no culture: The Hagen case”, en C. MacCormack y M. Strathern (eds.) Nature, Culture and Gender, Cambridge: Cambridge University Press (disponible online).

Otra vez el aborto

María Jesús Miranda
Socióloga

El martes 11 de febrero el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para la retirada de la ley del aborto, que se votó persona a persona, aunque no a mano alzada, sino en una urna. 

Pensábamos que ojalá esto iniciase una negociación entre los partidos y no nos impusiesen otra vez un trágala con la Ley del Aborto de Gallardón y las concomitancias que tiene en la prevista reforma del Código Penal. Ahora vemos que no es así.

Incluimos seguidos a esta entrada dos textos: el primero, más visceral, escrito por Begoña Marugan en Nueva Tribuna.

El segundo es mi respuesta. Intenta ser ecuánime y demostrar tres cosas que me preocupan. La primera es que el aborto es un hecho social casi universal y que , en nuestra sociedad como en todas las restantes, cuando existe una demanda social y esta se extrae del mercado libre, se genera un mercado negro que suele conllevar graves peligros sanitarios, enriquecimiento ilegal de unos pocos y abusos de los derechos humanos.

Los mercados de la drogas ilegales y del sexo son suficiente ejemplo de ello.

La segunda es la enorme inseguridad jurídica que generan cambios tan continuos en el tiempo de la regulación de un problema que afecta a más de 100.00 mujeres cada año: un embarazo no deseado.

La tercera es que el coste económico de la solución razonable de este problema, a cargo de la Seguridad Soial, es prácticamente irrelevante.

Hace unos días leí un lema que me pareció juicioso: educación sexual para conocer, anticonceptivos para prevenir y aborto libre para no morir.

Así de sencillo. Lo único que pretendo, al escribir estas líneas, es que las mujeres que así lo deseen puedan interrumpir su embarazo, sin riesgos para su salud y con el menor coste económico y social posible.

La derecha y el aborto

Begoña Marugán Pintos
Socióloga

Con la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo parecía que se acababa con la polémica sobre el aborto que tuvo lugar a finales de 2008 con la puesta en marcha de la Subcomisión para realizar un estudio sobre la aplicación de la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo.

Esta Subcomisión solo pretendía ser una respuesta a los cambios sociales y a la evolución de los derechos de las mujeres que se habían producido durante las dos décadas que llevaba aplicándose la Ley Orgánica 9/1985, de despenalización del aborto en determinados supuestos.

La Ley 9/1985 estaba lejos de cumplir con las recomendaciones de la ONU y la OMS en materia de derechos de salud sexual y reproductiva y debía atender la Recomendación 1607, aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, que instaba a los Estados miembros a “despenalizar el aborto, si no se había hecho ya” y a “garantizar a las mujeres el efectivo ejercicio de su derecho a acceder a un aborto legal y seguro”.

La Ley de aborto del años 85, salvo en los tres supuestos excepcionales, seguía sin reconocer el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones.

Sin embargo, la puesta en marcha de la Subcomisión de estudio reabrió viejos conflictos y generó tensiones sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

La Iglesia publicitó una famosa Carta de los Obispos y diferentes profesionales ligados a la Federación Española de Asociaciones Provida convocaron la Marcha por la Vida el domingo 29 de marzo en Madrid.

Frente a esta tendencia, más de sesenta organizaciones feministas y sociales, bajo el lema “aborto libre y gratuito”, organizaron la manifestación del 14 de mayo, en la que se denunciaba que en el Anteproyecto de Ley se mantuviera el aborto como delito.

Tampoco estaban de acuerdo con el plazo de 14 semanas para el aborto voluntario, porque lo consideran un periodo claramente insuficiente ya que miles de embarazos no deseados no se detectan o se reconocen hasta pasado ese plazo, ni de que se retirara la protección de la que gozaban las mujeres embarazadas en grave riesgo para su salud, a las que se impediría interrumpir su embarazo a partir de la semana 22.

La polémica pública perdió todos estos matices y se centró en la posibilidad de las menores a decidir sin la autorización paterna y el Gobierno del PSOE, a través de la Ministra de Igualdad, trató de mediar “sin entrar en debates que ya tuvieron lugar hace un cuarto de siglo”.

La reforma fue finalmente aprobada por mayoría absoluta y siguió su tramitación hasta su posterior aprobación. La Ley finalmente entró en vigor el 5 de julio de 2010.

Aunque algunos miembros de otros partidos como Coalición Canaria, UPN, UPyD y siete diputados de Ciu se opusieron, el Partido Popular fue el único partido que se opuso a la aprobación de la nueva ley.

Este partido siempre tuvo una actitud muy crítica con la Ley. Ya en la propia Subcomisión para realizar el estudio sobre la aplicación de la legislación valoró esta ley de plazos como una “auténtica barbaridad” y anunció que la recurriría ante el Tribunal Constitucional de ser aprobada.

El 30 de junio de 2010 el Pleno del Tribunal Constitucional señala en una providencia que admite a trámite el recurso promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.

Entre los artículos recurridos por inconstitucionales figura el 5.1.e)- “la educación sanitaria integral y con perspectiva de género sobre salud sexual y salud reproductiva”– y el 8 –“la formación de profesionales de la salud se abordará con perspectiva de género”.

Pero el PP no sólo proponía cambiar la ley. En septiembre de 2011, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, lanzaba la idea de volver a la píldora del día después con receta. Una vez en el gobierno las reacciones no se han hecho esperar.

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en su primera comparecencia parlamentaria, en enero de 2012, anunció su intención de reformar la Ley del Aborto aprobada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, para volver al modelo de la ley de 1985, en la que las mujeres tenían que alegar motivos para justificar su decisión.

De modo que, nuevamente, sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres decidirá cualquiera menos ellas.

Y en este caso parece que la decisión la pretende tomar Alberto Ruiz-Gallardón, un hombre del que incluso su padre en una entrevista dijo eso de “¡Yo un hombre de derechas! Tendría que conocer a mi hijo Alberto. El sí es de derechas”, que ha venido desplegado toda una apología de la ideología de la domesticidad.

Esta ideología de la domesticidad consiste en una idealización y promoción de lo doméstico como ámbito de realización y desarrollo femenino ajeno al resto de ámbitos y con una cultura propia.

Esa ideología de la domesticidad se transmite tanto a través de declaraciones como las del Ministro del Justicia“La maternidad libre hace a las mujeres auténticamente mujeres”como en las medidas socio laborales que adoptan en las que se ve la clara intención de volver a meter a las mujeres en casa.

Por ejemplo, en las Medidas del Consejo de Ministros, de 30 de diciembre de 2011, se retrasaba la implantación del permiso de paternidad de 4 semanas y se establecía una moratoria de 1 años en la incorporación de las personas beneficiarias al sistema de dependencia moderada o en el Real Decreto el 3/2012, de Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que se introdujeron modificaciones en materia de conciliación de la vida laboral y familiar y se concedió a la empresa la disponibilidad de un margen de distribución irregular de la jornada de un 5% a falta de otra previsión en el convenio colectivo.

Por no mencionar aquellas que no hace públicas como el recorte de 1.300 millones de euros a la Ley de Dependencia, que figura en página web del Ministerio de Economía para inversores extranjeros, con lo que desactiva el sistema de atención a la dependencia.

Y mientras todo esto sucede hay que escuchar que es “éticamente inconcebible” permitir el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación ó que la discapacidad no puede suponer una “merma de derechos”.

A la propaganda ideológica, las medidas socio laborales y el cinismo les acompañan otras como el elevado incremento de las tasas de escuelas infantiles en la Comunidad de Madrid. Además se limitan los servicios a la dependencia y se privatizan los servicios públicos.

Este mismo Gobierno que está reduciendo la sanidad y la educación pública y la atención a la dependencia, diseñando medidas que van a acabar con todo, también está dispuesto, en su escalada de imposiciones ideológicas, a imponer a toda la sociedad española una moral determinada antes incluso de esperar a que el Tribunal Constitucional se manifieste sobre el recurso de inconstitucional por él planteado.

¿Cómo se puede hablar de traer niños con malformaciones a un mundo que están dejando sin recursos y sin servicios sociales, sanitarios y asistenciales?

Como manifiesta la Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO: “Gallardón y el gobierno del PP quieren centrar el debate en los supuestos derechos de los embriones para reforzar el modelo de familia tradicional, mientras niegan derechos básicos a las personas, en especial a las mujeres”.

Por no hablar de la doble moral que utiliza la derecha, que trata de imponer su moral a todo el mundo, y seguir ellos actuando según sus propios intereses.

No debemos olvidar cómo personas de partidos políticos de derechas criticaron y juzgaron la Ley del divorcio y luego la han utilizado sin ningún problema.

De igual manera han utilizado, porque así lo han reconocido, su derecho a abortar en los supuestos que marcaba la Ley 9/1985 de despenalización del aborto, e incluso han viajado al extranjero cuando ha hecho falta.

Pero esto de la imposición es una actitud histórica de la derecha. Estaría bien que el Ministro de Justicia supiera que un aborto no es algo que se realice de forma frívola e irreflexiva.

Se trata de una decisión muy sopesada y que responde a realidades personales, sociales y económica concretas de las mujeres que deciden abortar.

Leo en internet la carta de Carmen, una persona con discapacidad indignada por la ligereza con la que el Ministro trata un tema como las complicaciones o malformaciones en los embarazos, que se plantea ¿quién más allá de la madre y el núcleo familiar puede decidir si traer al mundo a una persona que necesite de tanta dedicación?

Señor Ministro, señores y señoras de la derecha, en la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, como su propio nombre dice, el aborto es voluntario, es decir, no obliga a nadie a abortar, solo plantea un marco normativo que hace posible su adopción con garantías sanitarias para que las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado puedan hacerlo.

La falta de respeto a las decisiones de las mujeres, la doble moral, la ligereza al hablar de las complicaciones o malformaciones en los embarazos, la destrucción de los servicios públicos básicos y el autoritarismo a mí, personalmente, siempre me han parecido “éticamente inconcebible” .

Articulo extraído de Nueva Tribuna

No me gusta hablar del aborto

María Jesús Miranda
Socióloga

Tengo mis razones personales, y punto. Supongo que hay mucha gente que le pasa igual. Porque, en el fondo, es un tema tabú.

En el 98% de la sociedades conocidas existe el tabú del incesto, que define con quién puede tener relaciones sexuales cada individuo. Según el antropólogo francés Lévi-Strauss, esta definición está en la base de todas las demás relaciones sociales, porque clasifica a las personas: hombres y mujeres, nosotros (nuestra familia, nuestra tribu) y los otros (nuestros enemigos potenciales).

El primer intercambio, según él, es el intercambio de mujeres entre los varones de los diferentes grupos. Esto transforma a las mujeres en un don, en el sentido que da al término Marcel Mauss, es decir, las cosifica, les sustrae de su condición de personas.

Esta era la posición de las primeras feministas de los 70. Gayle Rubin, al introducir el concepto de género, difunde la idea de que el patriarcado es “meramente cultural”.

Esto es muy difícil de aceptar para las feministas materialistas, que consideran que subyacen a la discriminación cuestiones de explotación material, en el campo de la producción y la reproducción. Este último incluye tanto el crecimiento vegetativo de la población como las acciones vinculadas directamente a él (cuidado de niños, ancianos y otras personas dependientes, tareas domésticas, apoyo al sustentador principal de la casa o patriarca, erc., etc.).

Nancy Fraser, y Judith Buttler han seguido polemizando sobre esta cuestión, pero esto no viene al caso ahora.

Malinowsky, en su obra “Crimen y costumbre en las sociedades salvajes”, narra como, nada más llegar a una tribu en el Pacífico, le sorprende que un muchacho se suicide tirándose de un cocotero. Después descubre que el suicidio podía haberse evitado, siempre y cuando el muchacho se hubiera confesado con el chamán y le hubiese ofrecido un don.
Entonces hubiera sido personado. De lo que no habla Malinowsky, y pocos antropólogos sociales, es de lo que fue de la mujer que había cometido incesto con él, y del hijo que pudieran haber concebido.

Las antropólogas e historiadoras feministas si hacen referencia, sin embargo, a la práctica universalidad del aborto, paralela obviamente a la del incesto. Si hay relaciones heterosexuales prohibidas, por la razón que sea, ha de haber consecuentemente hijos clandestinos.

Cuando yo estudié Derecho civil, el curso 1966-67, los hijos se dividían en legítimos, naturales, ilegítimos, adulterinos y sacrílegos. Una de las primeras conquistas del movimiento feminista en el Estado Español fué, precisamente, la equiparaciónen cuanto a derechos de todos ellos.

1- Los cambios periódicos en la legislación sobre el aborto y la inseguridad jurídica

Como ya sabe todo el mundo, en el periodo 1975-2014, que es el analizamos en este blog, en el estado español ha habido tres regulaciones jurídicas del aborto y está en preparación una cuarta. Es decir, un cambio más o menos cada diez años, tres o cuatro cambios a lo largo de la vida fértil de una mujer.

Esto produce una grave inseguridad jurídica, si el aborto no impuesto se introduce en la ley penal, dado el carácter no retroactivo de la misma y dado que la judicatura puede actuar según criterios de lege ferenda (de acuerdo con la ley vigente en el momento en que se realiza el juicio, aunque no lo estuviera en el momento en que se produjo el hecho). Las hemerotecas de los últimos 35 años dan buena fe de ello.

En 1980, vigente el Código Penal de 1970, un grupo de profesionales instaló una consulta en Sevilla donde se practicaban abortos clandestinos: la Clínica Los Naranjos. La experiencia duró 9 meses y fué interrumpida por una redada policial con 25 detenidos y un proceso judicial que duró 13 años. Fueron condenadas 15 personas, indultadas al final por el último gobierno de Felipe González.

Tambien en 1980, en Basauri, Bizkaia, fueron procesadas 11 mujeres, dos -madre e hija- por practicar abortos entre sus vecinas, varias de las cuales fueron así mismo acusadas. Madre e hija sufrieron prisión provisional de un año. Este proceso suscitó aún mayor rechazo popular que el anterior: 1.300 mujeres firmaron un manifiesto autoinculpándose de haber abortado, 1200 hombres, de ser colaboradores necesarios y tuvieron lugar numerosas manifestaciones, en especial en Euskadi.

Las mujeres fueron absueltas en razón de la eximente de “estado de necesidad” en el que se encontraban en el momento de realizar aquellos actos, entonces delictivos, pues todas ellas atravesaban situaciones económicas muy frágiles. Sin embargo, la ley de 1985 no contempló los aspectos económicos: ni el aborto era gratuito y a cargo de la Seguridad Social ni el estado de necesidad económica estaba incluido en los supuestos que se legalizaron.

Los encausamientos por aborto producidos tras la aprobación de aquella ley tienen mucho que ver con ello. El primero y más evidente fue el macroproceso de Málaga. En 1986 fueron detenidos, en una clínica ginecológica, cuatro médicos, cuatro auxiliares y una veintena de mujeres. El denunciante, que además actuó como perito en el juicio, era otro médico, perteneciente a un movimiento provida y que tenía su domicilio en el mismo inmueble que la clínica.Dos de los ginecólogos fueron encarcelados y, como es natural, se cerró la clínica.

En primera instancia se declaró la nulidad de la denuncia, puesto que el perito era parte interesada. Pero éste recurrió a la Audiencia Provincial, que nunca se pronunció sobre el asunto, hasta que declaró prescritos los hechos en 1998. Uno de los encausados protestó públicamente porque, al no haber sentencia, él no podía solicitar indemnizaciones por el tiempo que pasó en prisión y por las pérdidas económicas que le supuso el cierre de la clínica.

Nace así la leyenda del abortero movido exclusivamente por el afán de lucro. De ello hablaremos en el siguiente epígrafe.

En 1986 se produjo así mismo un registro policial masivo en la clínica Dátor de Madrid. Cerca de 500 mujeres fueron llamadas a declarar en base a sus fichas clínicas, teóricamente confidenciales. No hubo proceso, pero la única trabajadora de la clínica fué detenida. Pero ha habido otros casos, mucho menos mediáticos, en los que la falta de medios de la mujer le ha conducido a la muerte o a graves problemas sanitarios.

En 1986, una mujer falleció tras un aborto en la Clínica Coslada , un municipio perférico de Madrid. El fiscal solicitó 117 años de cárcel para el médico, de origen magrebí, por aborto ilegal y 7 para el marido de la víctima, por complicidad. Ambos ingresaron en prisión. Además, el padre fué privado de la guardia y custodia de los tres hijos anteriores del matrimonio, de 4, 7 y 11 años de edad.

En 1993 la Audiencia Provincial inició el segundo juicio, resultado del recurso del primero. Esta vez, el fiscal consideró que el aborto se había realizado bajo el supuesto de “grave peligro para la salud de la madre” y el juez llegó a un acuerdo con el médico para una condena de 4 años, por mala práctica, que ya casi había cumplido. El marido resultó absuelto, tras haber sido injustamente ingresado en prisión y haber perdido la custodia de sus hijos durante 7 años. Y así sucesivamente, mientras estuvo vigente la ley de 1985.

Aunque las noticias no aparecen ya en medios mayoritarios, sino, en general, en medios digitales. La Comunidad de Madrid y la Comunidad de Murcia han sido condenadas a indennizar a dos mujeres, en el primer caso por no detectar una malformación del feto y en el segundo por derivar a una mujer desde esa comunidad a una clínica de Madrid, en donde resultó con una minusvalía del 94%, a causa de las lesiones que le produjo el aborto. La Comunidad de Madrid retiró la licencia a la clínica unos meses después.

Y un solo caso curioso más. Una mujer de Barcelona fué condenada a pagar una multa de 1.400 euros por provocarse, en 2008, un autoaborto de 7 semanas, mediante la píldora RU, que se introdujo en la vagina en lugar de ingerirla. Esto le provocó una hemorragia de la que tuvo que ser atendida en un hospital público, que informó a la Policía.
En 2011 la sentencia fue revisada y la mujer absuelta, por considerar la Audiencia que el aborto era legal según la vigente ley de plazos.

2.- Los millones del aborto

Suele argumentarse que el aborto es una carga excesiva para la Seguridad Social, y que los gerentes de las clínicas privadas actúan movidos por un excesivo afán de lucro.

Este parece ser el motivo por el que el Tribunal Supremo ha reabierto el caso contra un ginecólogo peruano, ejerciente en Barcelona y con una clínica filial en Madrid. Tras una inspección de la Comunidad de Madrid en 2007 en la que se intervinieron 2000 historias clínicas, la clínica fué cerrada y el propietario acusado. El juez decidió no abrir juicio oral, por las mismas razones por las que se sobreseyó el caso de la clínica Isadora en 2009: las fuerzas de seguridad se habían excedido en sus funciones.

En febrero del 2012 la Audiencia Provincial validó el auto del juez. Esta noticia apareció en El Pais el 12 de febfero de 2012. Sin embargo, este médico está pendiente de juicio ante el Supremo por otro proceso abierto contra él en Barcelona. Aunque aquella Audiencia Provincial lo archivó en enero de 2013 por aplicación retroactiva de la ley de 2010, el Tribunal Supremo reabrió el caso a instancias del fiscal, y la acusación particular constituida por la asociación Alternativa Española y el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro. Esta noticia apareció en el diario ABC el 5 de noviembre de 2013.

Indico ambas fuentes para mostrar como la cuestión del aborto está siendo abordada de nuevo por medios de difusión nacional. Parece ser que uno de los argumentos de las acusaciones es que el doctor peruano actuó “movido por su excesivo afán de lucro”.

Este es otro de los argumentos que se utiliza para criminalizar a los ginecólogos que practican abortos. Como en tantas otras cosas, las estadísticas en el Estado español a este respecto dejan mucho que desear. Pero así, a groso modo, podemos calcular que, desde 1910, se practica una media de 114.000 abortos al año (Fuente aceprensa.com), con un coste de 50 millones de euros, es decir, unos 438 euros por intervención.

De la única comunidad autónoma de la que se dispone de datos oficiales es NavarraSegún un informe presentado al Parlamento navarro por la Cámara de Comptos, desde 1986 hasta 2011 no se practicaron abortos en Navarra. En ese año se abrió una clínica autorizada y en 2012 abortaron en toda la Comunidad Foral 981 mujeres, con un coste global de 437.00 euros, 445 por IVE, es decir, una cifra muy cercana a la estimada para el conjunto del Estado. La clínica autorizada en la Comunidad percibió una media de 469 euros por las 812 prestaciones que llevó a cabo. Las 169 IVEs restantes se realizaron en Zaragoza, Madrid y San Sebastián, según dicho informe.

Lo importante es, en todo caso, que el coste de la intervención no es elevado, que seguramente pocos ginecólogos se han hecho millonarios a base de practicarla y que no supone ningún coste desmedido para las arcas de la Seguridad Social.

Aborto: El cuerpo de la mujer, tierra de nadie

Barbara Kruger “Your body is a battleground”

Artículos:

Mª Jesús Miranda
Socióloga

Los mitos sobre la concepción de los hijos han existido en todas las culturas. De hecho, adjudicar un padre al hijo de cada mujer es la regla principal del casi universal tabú del incesto. Este padre no coincide necesariamente con el biológico, según demuestran los estudios sobre los tipos de familia de los antropólogos desde el siglo XIX.

De hecho,  hasta el siglo XVIII no hay constancia de estudios científicos sobre la concepción, tras el invento del microscopio. La mentalidad patriarcal de los científicos de la época les hizo suponer que el espermatozoide era un homúnculo en el que se concentraba el principio vital.

“La mujer es la tierra y el hombre el hortelano. Es normal, por tanto, “que sus frutos le pertenezcan a él”, escribió Napoleón en sus Memorias de Santa Elena. En consonancia con estas ideas se había redactado su Código Civil, que consagra la familia patriarcal, en la que ni la esposa ni los hijos tienen derecho alguno. El Código Civil napoleónico se extendió pronto por toda Europa. Aún padecemos sus secuelas.

La Iglesia católica, que ya desde el siglo XII se había pronunciado contra el aborto, se apuntó al carro. La burguesía, que necesitaba mano de obra para sus empresas, también. Y los Estados, que iban a meterse en inacabables guerras capitalistas por las materias primas, soldados para sus ejércitos.

Así que, todos reunidos, se lanzaron a apropiarse del cuerpo de las mujeres. Todavía me pregunto con admiración de dónde sacaron la fuerza y el valor un puñado de feministas,  hace más de un siglo y medio,  para reivindicar que su cuerpo era suyo, y no tierra de nadie, de la que todos podían apropiarse.

Al principio, ni sus compañeros proletarios las entendieron. Si un burgués podía tener su señora y sus herederos, ¿por qué ellos no?.

Las mujeres se resistían como podían. En casi todas las sociedades humanas conocidas hay métodos anticonceptivos, rituales de fertilidad y técnicas de aborto. Era una cultura transmitida de madre a hija, de mujer a mujer.

Tengo un imborrable recuerdo personal. Entre los 6 y los 14 años viví en una fábrica de material eléctrico… Con casi cinco mil obreros y obreras, los niños andábamos por ahí, medio desapercibidos. Mi hermana y yo solíamos sentarnos debajo de banco de las bobinadoras, mujeres que enrollaban interminablemente hilo de cobre en bobinas de madera. Mientras tanto, charlaban. Ahí adquirí yo los rudimentos de mi educación sexual. Debía de ser la época de la película Vera Drake, de Mike Leigh.

Pasó el tiempo. En el Reino Unido se legalizó el aborto. Yo había empezado a militar como feminista y participé en el movimiento de los entonces clandestinos Centros de Planificación Familiar.  A veces, acompañaba a otras chicas a abortar en Londres o en Holanda. Eso me trajo problemas en los aeropuertos hasta 1989, que me hicieron un interrogatorio y registro en el aeropuerto de Gatwick. Por entonces yo era ya una señora funcionaria que asistía a una reunión de la Comunidad  Europea. Pero hasta entonces no dejaron de mirarme y remirarme los sellos del pasaporte, de abrirme las maletas y de preguntarme a qué iba al país.

También hubo una película española sobre ello, “Abortar en Londres” de 1977. 

El profesor tierno Galván, alcalde de Madrid desde 1979 hasta su muerte, municipalizó los centros de planificación familiar e hizo funcionarias a muchas de mis amigas médicas. Eso también tiene una película, “La vida alegre”, con Verónica Forqué.

Cuando, por fin, en 1985 el gobierno del PSOE despenalizó parcialmente el aborto, a mí me supo a poco. No era la legalización que veníamos reclamando, era una chapuza jurídica. En el artículo de El País utilizo conceptos de técnica jurídica para criticarla.

Frente a la nueva Ley con la que amenaza el PP hay además argumentos biomédicos. Se ha inventado la “píldora del día después”, que no es abortiva pero cuyo uso indiscriminado, como el de todos los anticonceptivos (salvo el condón) compromete la salud reproductiva de las mujeres. Está la píldora RU, que se puede comprar por Internet, que si es abortiva y que tiene peores efectos aún, si se utiliza sin control médico. Existe una legión de jóvenes médicas en paro… y las chicas en edad reproductiva tienen ya su propia cultura del aborto.

Legislen, señores y señoras del PP, legislen. Es como poner puertas al campo.

Aborto: A vueltas con la reforma de ley

Artículos:

Elena Herrera Quintana
Socióloga

En el artículo de 1986, publicado por EL PAÍS, Miranda ya demostraba que la ley del aborto de 1985 no era técnicamente adecuada desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Era una mala ley que precisaba ser modificada.

En 1985 el PSOE decide despenalizar el aborto y establecer los tres famosos supuestos  a los que las mujeres se podían acoger en caso de querer interrumpir su embarazo.

Lo  más interesante de esta ley es que bajo ningún caso sería punible la conducta de la embarazada, aun cuando la práctica del aborto no se realizase en un centro público o privado acreditado o no se hubiesen emitido los dictámenes médicos exigidos. Es evidente que resultaba injusto culpar exclusivamente a la persona enferma, en este caso, a la persona objeto del tratamiento, y hacerla única responsable de aquella situación.

Se suele decir que el primero de estos supuestos (riesgo de peligro físico o psíquico para la embarazada) era  un coladero. Pero como no va a haber riesgo psicológico cuando se obliga a una persona a tener un hijo no deseado. Este riesgo puede ser mayor o menor, pero embarazarse, sentir que la carrera vital de una misma puede quedar interrumpida por la posibilidad de tener que traer al mundo descendencia es un hecho que tiene que acarrear ciertas consecuencias psíquicas. Si esto lo consideramos coladero, que así sea.

En 2010 el PSOE reformula la ley y establece el sistema de plazos. Hasta las 14 semanas toda mujer, desde los 16 años, podría abortar sin alegar causa ninguna. El tema de las menores generó controversia, pero debemos recordar que a pesar de que no necesiten la autorización parental, al menos uno de los progenitores debe de estar informado de tal intervención, a no ser que la menor  “alegue fundadamente” riesgo de inseguridad intrafamiliar en el caso de informar de la intervención.

Antes de clamar al cielo y rechazar la ley al completo por culpa del tratamiento que ésta hace de las menores, habría que preguntarse qué considera la justicia como “alegar fundadamente riesgo de inseguridad familiar”. Y aunque estuviésemos de acuerdo en reformula este apartado, eso no daría excusa a invalidar toda la ley.

En el artículo de Miranda se apunta ya la confusión general entre el sistema de plazos con la idea de “aborto libre”. Que la Ley establezca un plazo para aborto sin alegar causa alguna no es equivalente a abortar libremente en cualquier momento durante los 9 meses de gestación, como parecen confundir los discursos pro vida.

De lo que se está hablando aquí es que las mujeres no tengan por qué alegar ningún tipo de causa, circunstancia o explicación para abortar dentro de ese plazo, precisamente por eso se llama libre. Este plazo emula el de otras legislaciones europeas, salvo en el caso de Inglaterra, donde se puede abortar libremente hasta la semana 22.

En España el plazo de 22 semanas tiene que ver con malformaciones del feto o enfermedades del mismo incurables en el momento del diagnóstico, así como riesgo para la salud de la madre.  En ambos casos respectivamente hablamos de abortos a los 3,5 y 5,5 meses.

Ahora el gobierno del PP quiere regresar a la antigua ley de 1985, solo que en este caso se van a revisar los casos de malformación o enfermedades del feto alegando que “los discapacitados nacidos y por nacer no pueden ser discriminados”. Esto está muy bien si el gobierno asegurase ayudas económicas vitalicias para aquellas familias que decidan tener hijos discapacitados, pero en un país donde los recortes están a la orden del día creo que esto dista mucho de la realidad. Entonces ¿cómo van a asegurar todas esas familias una vida digna a sus hijos, acordes con las necesidades que demanden: educación especializada, tratamientos médicos, seguimiento de desarrollo y otros servicios?

Hay que preguntarse, también,  por qué el Estado ha de obligar a la gente a traer una vida más al mundo. De lo que se trata en un país que se autodenomina democrático, es que su ciudadanía pueda elegir la vida que quiere llevar y las responsabilidades que quiere asumir.

El debate generado por el PP a raíz de la esta nueva ley (con tanto “retraso de cuentas” quizás la tengan lista el siglo que viene) vuelve a situarse en este campo penal que parece una deriva general de las políticas (recordemos la última reforma del Código Penal en Septiembre de 2013). El diseño de esta ley está regulado exclusivamente por el Ministerio de Justicia, el de Sanidad no participa para nada. Se quiere colocar la discusión en el terreno de los preceptos morales, del bien y del mal, por lo que parece que resultan secundarios los aspectos socio-sanitarios de la misma. Si no, no se explica por qué apartar a los y las profesionales de sanidad de la elaboración de dicha ley.

De hecho, esta estrategia de apelar a los preceptos morales y su relación con el eslogan “derecho a la vida” hace parecer que las posturas opositoras son contrarias a la vida, por tanto, asesinas. Es muy inteligente mantener el discurso en un marco pro-vida/anti-vida y airear el tema a las puertas de las próximas elecciones generales para rascar algunos votos con una buena campaña populista.  De lo contrario, no se explica el retraso en una ley que, nos venían anunciando desde el principio de legislatura, era clave para la buena marcha del país.

Es difícil encontrar datos actualizados sobre la opinión de la ciudadanía respecto a este tema, pero si tomamos el barómetro de Metroscopia del verano de 2012, a raíz de las declaraciones de Ruíz Gallardón en torno a la malformación del feto, el 81% de la población encuestada en ese momento se declaraba en contra de dicho cambio, dos de cada tres católicos practicantes, dos de cada tres votantes del PP.  

Es decir, que incluso ni sus propios votantes recibirían esta modificación con los brazos abiertos, otra cosa será si lo que se quisiera es volver a la ley del PSOE de 1985, que parece la intención de fondo.

Es evidente que este tema genera conflictos, y más cuando muchas asociaciones de personas discapacitadas han hablado de que el supuesto de malformación del feto esconde la no aceptación de personas discapacitadas en nuestra sociedad, pero no nos equivocamos si citamos a Begoña Zabala cuando dice que lo que en realidad se está reivindicando es la decisión de la mujer, por encima de todo. Amén de lo miserable por parte del gobierno de culpar de la falta de atención a la discapacidad que existe en nuestra sociedad a las mujeres que deciden abortar bajo este supuesto[1], como si de ellas dependiera un cambio legislativo o de mentalidad.

Otro de los temas es la invención del sujeto-zigoto, y de la preponderancia de los derechos de este ser no nacido sobre los de mujeres adultas con derechos y deberes. El tratamiento en calidad de ciudadano o ciudadana de aquel óvulo fecundado en el mismo momento de su fecundación lo instaura como sujeto demandante de justicia para sí.

Por otro lado, si verdaderamente se llega a modificar dicha ley en los términos afirmados, nos preguntamos hasta qué punto estamos dispuestos y dispuestas a asumir maternidades no deseadas. Se supone, y más para la derecha, que la maternidad es casi un milagro, una experiencia cuasi-religiosa ¿no deberíamos entonces asegurarnos que las mujeres trajesen al mundo hijos e hijas en los momentos que ellas decidiesen conscientemente? ¿No deberíamos asegurarnos de que sea un proceso elegido libremente por la madre? ¿Queremos una maternidad obligatoria?

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[1] Según Begoña Zabala un 3,5% del total de abortos sujetos a este supuesto de malformación del feto.