Al margen de los margenes

Artículo:

María Jesús Miranda
Socióloga

Empecé a trabajar en el Instituto de la Mujer en el otoño de 1983. Yo misma me busqué el trabajo. Pedí una cita a Carlota Bustelo, recién nombrada directora general, y fuí a verla. Necesitaba una subdirectora de investigación. Yo le dije que lo que más me interesaba en el mundo eran la investigación social y el feminismo. Mentí. Por aquel entonces estaba enamorada y mi compañero quería un hijo.

Sobre este malentendido adquirí el pomposo título de Subdirectora General de Estudios, Documentación y Relaciones Internacionales. Conseguí (casi) un buen equipo y trabajamos bien. Pusimos las bases de un Centro de Documentación; con Maite Simarro “fundamos” varios Centros de Información de los Derechos de la Mujer, sobre los que se construyeron después los Institutos de la Mujer autonómicos e hicimos las primeras recogidas sistemáticas de datos sobre la situación de la mujer en España.

Esta base de datos sirvió para elaborar el Informe español para la Conferencia de Naciones Unidas en Nairobi de 1985, a la que no pude asistir porque estaba embarazada y no podía ponerme todas las vacunas requeridas para el viaje.

En especial, junto con Regina Rodriguez, creamos la revista Mujeres, Dones, Emakumeak. No se cuanto duró, porque para entonces ya me habían cesado, al día siguiente de terminar mi baja de maternidad. A Regina también la despidieron al poco tiempo. Al concluir la dictadura de Pinochet retornó a su Chile natal, en donde ha sido alta funcionaria de Prochile, en el sector cultural y tecnológico.

La revista contaba con 74 páginas, 66 dedicadas a cuestiones de actualidad y un cuadernillo central, donde se trataba un tema en profundidad y que se podía encuadernar aparte. En el Reflexiones del nº 5 (marzo de 1985) vomité un montón de preguntas que reflejaban, y aún reflejan, el déficit de integración social que sufrimos las mujeres.

Quizás mejor aún que la insuficiencia de nuestros “logros”, de los que hablamos la semana anterior al referirnos a las profesiones sanitarias, nuestro endémico fracaso revela la fuerza y persistencia del sistema patriarcal. Porque lo que conseguimos forma parte de nuestra emancipación, de esa capacidad infinita, a pesar de los pesares, de tomar nuestra vida en nuestras manos. Pero los fracasos nos “suceden”, no son resultado de nuestra acción, sino que su causa es el propio peso del sistema.

Somos más pobres, más víctimas, menos delincuentes, menos visibles. Incluso en la mas extrema miseria no nos echamos a la calle a mendigar por voluntad propia, sino que nos acogemos en casa de alguien con mejor fortuna en donde desempeñamos trabajos de cuidados, e incluso prestamos servicios sexuales, por un plato de comida y algo de ropa usada.

Es una cultura ancestral de victimismo, de sumisión, de impotencia. Pero que también tiene aspectos positivos: el rechazo de la violencia, la austeridad, la capacidad de compartir, la disposición a cuidar y tantas otras que nos están siendo tan útiles en estos tiempos de crisis.

El movimiento feminista autónomo se funda en estos valores. Hace pocos días, en una infinita discusión (llevo participando en ella casi cincuenta años) en el seno de un movimiento autónomo sobre que miembros debían ser condenados al ostracismo, que dirían los griegos, por publicitar en el grupo sus iniciativas ultraminoritarias de cara a las elecciones, intenté hablar de mi experiencia de cuarenta años en el movimiento feminista. En él he convivido con mujeres de muy diferentes tendencias políticas, o no organizadas, y hemos conseguido sacar adelante muchas propuestas comunes. O por lo menos, con un máximo común denominador.

Mi intervención fué ignorada, excepto por una mujer joven que estaba sentada delante de mi y dijo bajito: “¡Cuánto tenemos que aprender del feminismo!”.

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El empuje de “los más extremistas de los neoliberales”: mujer y marginación social en tiempos de crisis sistémica

Artículo:

Araceli Serrano
Socióloga

Señalaba María Jesús Miranda en el año 1985 que “Hoy existe la idea generalizada de que un adecuado sistema de pensiones previene mejor de la miseria en la vejez que el propio esfuerzo personal, y solo los más extremistas entre los neoliberales se atreven a culpar a los desempleados de su falta de recursos. El desarrollo de una conciencia similar respecto al problema de la desigualdad de las mujeres hará desaparecer, probablemente, la ‘ilusión de voluntariedad’ que hoy sufrimos respecto al comportamiento de sumisión o abandono a la explotación de muchas de ellas”(1)

El texto referenciado actualiza de manera paradigmática el carácter crítico e ilusionado que caracterizó, en buena medida, la década de los años 80. En el texto publicado en el 85, María Jesús Miranda pone sobre la mesa, debates fundamentales en la Sociología de aquellos años: debates sobre el carácter eminentemente socio-cultural, biológico o individual de la marginación (y la previamente denominada desviación social), la responsabilidad individual o colectiva sobre estos aspectos; la eficacia o los efectos no deseados de las políticas de acción positiva ante situaciones de desigualdad y discriminación; la consideración de la prostitución como forma de trabajo o como forma de explotación de la mujer…

Muchos son los elementos que incorpora en su reflexión y constante su apuesta por la comprensión socio-cultural de la problemática, el apoyo a medidas de acción positiva y su opción reflexiva y crítica sobre las manifestaciones de la explotación de la mujer. Algo común a todas sus reflexiones es el hecho de ser abordadas desde una perspectiva esperanzada, pareciendo confiar en que el futuro vendría cargado de mejoras y de posibilidades de superación, de luchas contra la sinrazón, potenciadas de manera fundamental por un desarrollo del conocimiento sociológico que en su actividad crítica contribuiría a denunciar situaciones de explotación y discriminación, a aprender de contextos más progresivos y a proponer mecanismos de superación y mejora, en este caso, de manera muy especial, en relación a la situación de la mujer.

Hoy, tenemos que decir, sin embargo, que se difunde (con toda la potencialidad de las sociedades de la información) la idea hegemónicamente generalizada de que el sistema de pensiones es “insostenible”, de que los desempleados deben esforzarse mucho en superar sus “déficits de empleabilidad”, que las prestaciones de desempleo “deben” recortarse y controlarse para evitar acomodación y fraude y que “el sacrificio” y “la contención del gasto público” son las únicas salidas posibles a la crisis contemporánea.

Así mismo, a pesar de haberse transformado mucho desde entonces el espacio de la desigualdad entre varones y mujeres a través de la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, de la puesta en marcha de numerosos “Planes de Igualdad”, del desarrollo legislativo en materia de Igualdad y de control de la violencia de género, de la re-significación del trabajo de cuidados, de los cambios en la toma de conciencia de la discriminación a través de las luchas de los movimientos feministas, las desigualdades entre varones y mujeres siguen siendo enormes en prácticamente todas las esferas de lo social, y la pobreza y la marginación siguen castigando con mayor intensidad a las mujeres.

Por otra parte, la mirada esperanzada y optimista en relación a un futuro más justo y mejor para todos, parece estar resquebrajándose, llegando a afirmarse en diversos foros que se ha desembocado en un momento de ruptura del “pacto post-fordista”(2) y de erosión colosal del tradicional mito del progreso en el que se ha asentado buena parte de la Modernidad (3).

Para finalizar con este diagnóstico impresionista del momento presente (comparándolo con el que pone de relieve María Jesús Miranda en su artículo) en el mundo académico de las Ciencias Sociales los posicionamientos críticos y la contribución transformadora de la Sociología, pasan a estar cada vez más sometidos al envite de un neo-positivismo avasallador que, sancionado a través de las agencias de calidad de la actividad científica y de la impronta disciplinante de los índices de impacto de las publicaciones, parece estar saliendo victorioso en el conjunto de las luchas académicas en el mundo de las Ciencias Sociales.

Según estas pinceladas así definidas, no nos quedaría más remedio que afirmar que parece que estamos asistiendo al triunfo (o, por lo menos, a un fuerte envite) “de los más extremistas de los neoliberales”, utilizando las propias palabras de Miranda.

Veamos, de forma más concreta y detallada, algunas transformaciones que se han producido a lo largo de estos 30 años en los aspectos referenciados en el artículo que comentamos.

Por una parte, la incorporación al mercado de trabajo en el caso de las mujeres es una cuestión ineludible. Si la tasa de actividad femenina en el año 1986 era del 28,7% con una gran desigualdad en términos de edad, nivel de estudios y de estado civil(4), en el año 2013, esta misma tasa ha pasado a ser del 53,3% según los datos del IV trimestre de la EPA (INE, 2014) y la desigualdad interna en el colectivo de las mujeres ha tendido a disminuir, aunque todavía mantiene un importante volumen(5).

Dicha masiva incorporación no se ha visto acompañada de una mejora en las condiciones de trabajo, en las que las mujeres siguen ocupando las posiciones más precarias(6) y menos cualificadas, se sigue manteniendo un enorme distanciamiento entre los salarios de varones y mujeres, las tasas de desempleo siguen siendo superiores y se ha multiplicado el número de mujeres trabajadoras pobres.

Tampoco dicha incorporación se ha acompañado de una redistribución del trabajo doméstico (con niveles de dedicación al hogar y a la familia que duplican a los tiempos de los varones, mientras se equilibra el tiempo dedicado a trabajo y estudio en ambos sexos)(7), ni de las actividades de cuidados(8) .

La multiplicación de la sobrecarga de la mujer dentro y fuera del hogar ha disparado, así mismo, la vivencia del malestar y stress por parte de este colectivo (según se deriva de los datos de la última encuesta nacional de salud -2011-2012- del INE, consultado en Febrero de 2014). En momentos de crisis como el que actualmente estamos viviendo observamos cómo ésta incide de forma fundamental sobre las mujeres(9), precarizando e informalizando, en muchas ocasiones, aún más su posición en el mercado de trabajo, expulsando del mismo a un importante sector de este colectivo, reduciendo y asistencializando las prestaciones y ayudas existentes para abordar y contener las situaciones de pobreza y exclusión social(10).

La crisis esta teniendo un impacto especialmente relevante en el caso de las mujeres cabeza de familias monoparentales que son las que más están acusando los efectos de los recortes en las prestaciones sociales, al tiempo que se multiplican las exigencias de inversión de tiempo en el mercado de trabajo –o la búsqueda del mismo-.

Este efecto se multiplica aún más en el caso de las mujeres con responsabilidades familiares transnacionales (mujeres migrantes, que ven mermadas las posibilidades de enviar recursos a sus familiares y sus propias posibilidades de supervivencia).

A esta incidencia fundamental en lo que se relaciona con su posición en el mercado de trabajo, se suma la multiplicación de las estrategias de ahorro, así como las demandas de cuidado y atención en el seno del hogar (que en otros momentos podían externalizarse), produciéndose lo que Laura Sales(11) ha denominado una “re-precarización” de la mujer en el contexto de crisis económica actual.

Esta “re-precarización” queda parcialmente invisibilizada por unas tasas de pobreza globales (que se muestran próximas, o por lo menos no en incremento, para varones y mujeres)(12), que esconden los enormes procesos de diversificación interna del colectivo de mujeres en relación al incremento del empobrecimiento, al tiempo que invisibiliza las desigualdades que se multiplican en el seno de los hogares (distribución no equitativa de los ingresos, desigualdad de responsabilidades y cargas, etc).

Por otra parte, si atendemos al núcleo central del artículo de Miranda focalizado en el análisis de la marginalidad y su incidencia en el colectivo de mujeres, observamos, en primer lugar, que se ha asistido a un enorme reemplazo conceptual.

Al cambio, ya anunciado por Miranda, desde los años 60 a los 80 del concepto de desviación social por el de marginación social, se suma a partir de los 90, y en especial con el comienzo del siglo XXI, el concepto de exclusión social. Se produce un cambio paradigmático fundamental con la aparición y consolidación de este concepto según el cual la responsabilidad de la situación vivida pasa a recaer sobre un tipo de sociedad exclusógena, más que sobre los individuos concretos, sus hábitos o subculturas.

Así, de la exclusión social se repite —insistentemente— que es un fenómeno estructural, multidimensional, heterogéneo, complejo y dinámico, que pasa a englobar a las personas y grupos que se ven excluidos de la participación en los intercambios, prácticas y derechos sociales que constituyen la base de la integración social.

La exclusión implicaría privación de derechos sociales fundamentales que puede acabar desencadenando problemas de ruptura de los vínculos sociales y de cohesión social, haciendo, así, referencia a los impedimentos para el ejercicio de la ciudadanía plena.

Sin embargo esta renovación conceptual y paradigmática del concepto, no encuentra su correlato en el tipo de políticas públicas que en estos últimos años se han ido poniendo en marcha en la lucha contra estos procesos exclusógenos. Es más, los programas y planes que se articulan tienden a volver sobre los conceptos más tradicionales y unidimensionales del fenómeno, restringiendo por ejemplo programas como los de la garantía de rentas (rentas mínimas de inserción, por ejemplo) a familias y sujetos en situación de pobreza (monetaria) severa y pertenecientes a determinados colectivos, y regulando su implementación con una deficiencia, si no ausencia absoluta de planificación de recursos económicos para ponerlos en marcha.

La renovación conceptual ha tenido, así, un significativo impacto a nivel de los debates académicos y de las organizaciones internacionales, pero muy escaso impacto en la aplicación concreta de políticas públicas para abordar la problemática. Además, a pesar de su reafirmado carácter estructural, la mayor parte de las medidas que se proponen tienen una fuerte impronta individual y están orientadas a la capacitación personal para acceder a la inserción al empleo (fomentando la empleabilidad), promoviendo una cierta orientación culpabilizante hacia el colectivo al que se aplican dichas políticas y programas.
Volvemos así al viejo polo del debate, que María Jesús Miranda quería dar ya por superado en su artículo en la década de los 80(13).

Hay que señalar, además, que la crisis está teniendo un importante efecto tanto en las iniciativas gubernamentales en materia de pobreza y exclusión social (con los consabidos recortes en el sistema de servicios sociales y servicios públicos en general; recortes que se suman a los retrasos en la gestión, así como al endurecimiento de los criterios de acceso a una parte importante de las prestaciones y ayudas), como en las no gubernamentales, que han visto reducidos sus ingresos y con ellos sus posibilidades de actuación.

También las empresas de inserción se han visto afectadas por la crisis, encontrando que una parte importante de las que estaban funcionando han cesado en su actividad (ya en 2009 EAPN(14) más de 200 empresas de inserción existentes en el Estado español, eran ya quince las que habían tenido que cerrar en ese último periodo).

Si nos centramos más específicamente en el espacio del impacto de estos procesos en el colectivo de mujeres, podemos observar que el fenómeno de la exclusión social afecta en mayor medida a este colectivo(15) (si bien desde 2010 las tasas tienden a equipararse).

No obstante, el volumen de personas excluidas se multiplica en el caso de las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas (familias monoparentales). Como señalan López Giménez y Renes(16): “Los hogares mono-parentales y de estructura más compleja, con más de un núcleo familiar y mayor tamaño, se han visto más afectados. El carácter femenino de la exclusión social también está relacionado con una incidencia muy fuerte en las mujeres cabezas de hogar más jóvenes. Además, la presencia de menores en el hogar no tiene incidencia cuando el sustentador principal es varón, pero duplica las probabilidades de exclusión para las mujeres. También la presencia de minusvalías tiene un mayor impacto negativo en los hogares encabezados por mujeres”.

Así pues, si la exclusión social afecta de manera más grave a las mujeres, esta gravedad se multiplica en el caso de las mujeres en familias monoparentales, en el caso de mujeres inmigrantes y pertenecientes a minorías étnicas y en el de aquellas con problemas de discapacidad.

La exclusión se acumula y multiplica en el colectivo de mujeres inmigrantes no regularizadas, quienes además de su situación de indefensión en todos los espacios de la ciudadanía, se suma, en muchas ocasiones su inserción totalmente desregulada a un mercado de trabajo que en muchas ocasiones les mantiene en régimen de cuasi-esclavitud, especialmente en el contexto del servicio doméstico, los cuidados o el trabajo sexual.

Por otra parte, el género, y en concreto, ser mujer, agudiza la vulnerabilidad de las mujeres que ya vivencian algún tipo de factor de exclusión. Según una serie de investigaciones que Fundación Atenea ha realizado sobre género y diversos factores de exclusión social, las mujeres que han pasado por prisión, que han consumido drogas, que son de origen extranjero o que están en desempleo sufren una mayor exclusión, estigmatización y penalización social que los varones, con lo que se dificulta severamente sus procesos de integración social.

A pesar de la incidencia multiplicada de todos estos factores exclusógenos, entre las personas sin hogar el porcentaje de mujeres es muy bajo en relación al de los varones: 17,3%, según los datos de la Encuesta a Personas sin hogar de 2005, señalando el 62,3% de las mismas que están en esta situación por haber sufrido violencia ellas o sus hijos (INE, consultado en Febrero de 2014).

En esta baja incidencia del sinhogarismo en las mujeres podrían estar influyendo las tradicionales tendencias protectoras que se despliegan respecto de la mujer, en relación con la cual, es más frecuente la acogida en el hogar de familiares próximos, así como una mayor presencia de estrategias “multi-movilizadas” en el caso de las mujeres en situación de pobreza y exclusión social (en relación a la movilización combinada de recursos estatales, asistenciales y familiares)(17), especialmente cuando hay hijos a su cargo en el hogar.

Junto a estas situaciones de exclusión social severa, se mantiene dramáticamente elevado el volumen de mujeres maltratadas, víctimas de la violencia de género y las víctimas del tráfico de seres humanos y de la prostitución(18). En este contexto se vuelve a retomar el debate, ya planteado por Miranda en 1985, sobre la ambivalencia y el doble filo de los procesos de regularización del mercado de la prostitución, animados desde las organizaciones internacionales (especialmente en los informes realizados desde la Organización Mundial de la Salud -2012- en aras de controlar la incidencia del VHI-SIDA y fuertemente criticado por algunos movimientos feministas –aunque con gran divergencia de posicionamientos- y por la comisión del Grupo de Estados sobre la lucha contra la trata de seres humanos).

En el contexto español, nuevamente se pone sobre la mesa la crítica a la situación de desprotección de la mujer que implica la no penalización del proxenetismo que se deriva de varias sentencias de los tribunales en las que se establece que no es delito lucrarse con la prostitución y no se castiga expresamente el mantenimiento o administración de prostíbulos(19).

Por último, atendiendo a los temas abordados en el artículo de Miranda, la criminalidad femenina, se mantiene en unos niveles muy bajos(20). Las cifras de población reclusa femenina disminuyen ligeramente año a año constituyendo en 2012 un 7,38% de la población reclusa total (a pesar de que el número de mujeres reclusas en números absolutos se ha incrementado tenuemente en los últimos años) (datos del Ministerio del Interior –Consultados en 2014-) y se vincula, básicamente, con actividades relacionadas con delitos contra la salud pública (tráfico de drogas, fundamentalmente).

Hay que rescatar, para terminar este comentario, que como ya señalaron los miembros del equipo Barañí en su estudio de 2001 que una parte importante de las mujeres reclusas pertenece a la minoría étnica gitana, quienes sufren procesos de criminalización más intensos, soportan itinerarios y condenas en sus modalidades más duras e inflexibles, poniendo de relieve la existencia de un nivel de discriminación muy severo por parte del sistema jurídico-penal en relación a ellas (Equipo Barañí, 2001).

Vemos, así pues, cómo los factores que mantienen a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad frente a la exclusión y la marginación, se han mantenido con escasas modificaciones a lo largo de estos 30 años desde que María Jesús Miranda escribió su artículo, si bien, la crisis económica ha provocado un contexto de mayor fragilidad, precarización y riesgo de exclusión social, acompañados de mayores dificultades para salir de la misma.

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1. Miranda, M.J. (1985) “Mujer y marginación social”. Mujeres, Donnes, Emakumeak Nº 5, marzo de 1985, pp:35-42
2. Alonso, L. E. (2007). La crisis de la ciudadanía laboral. Barcelona: Anthropos.
3. Serrano, A., D. Parajuá y A. Zurdo (2013) “Marcos interpretativos de lo social en la vivencia de la «nueva pobreza»”. Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol. 31, núm. 2, 2013, pp.: 337-382
4. La tasa de participación femenina en el mercado de trabajo presentaba entonces enormes diferencias, encontrando que solo un 11.9% de las mujeres sin estudios participaba, un 23,9% de las mujeres con estudios primarios, un 47,4% de las que tenían estudios medios, frente a un 84,4% de las de estudios superiores (A. Novales, 1989, “La incorporación de la mujer al mercado de trabajo en España: participación y ocupación” Moneda y crédito, nº 188, 1989, p. 247). También las diferencias eran enormes en función de si la mujer estaba casada o soltera y del sector económico donde se incorporaba.
5. Según la EPA (IV Trimestre, 2013) las tasas de actividad en el caso de las mujeres menores de 29 años, en el de las separadas y divorciadas y entre las que tienen estudios superiores son prácticamente equiparables a las de los varones. En el resto de grupos encontramos mayores diferencias que se incrementan en el caso de las mujeres más mayores, de las casadas y de las de menores niveles de estudios.
6. Por ejemplo el volumen de mujeres que desempeñan trabajos a tiempo parcial es del 26,3% frente al 8% de los varones (IV Trimestre 2013 EPA, INE,2014). También llama la atención la gran diferencia entre varones y mujeres en la cuantía de personas subempleadas, espacio social en el que las mujeres presentan un volumen muy superior, especialmente en las categorías de mayores niveles formativos donde las distancias se multiplican (IV Trimestre 2013 EPA, INE, 2014).
7. Según los datos que nos ofrece la última encuesta disponible sobre empleo del tiempo (2009-2010) 7 del INE [consultado en Febrero, 2014]. Las encuestas realizadas en los dos últimas décadas recogen una tendencia a un mayor equilibrio en el reparto del trabajo doméstico, partiendo de una extrema desigualdad: en 1991 los hombres sólo realizaban el 17,5% del trabajo doméstico, en 1996 el 21,5%, en 2003 del 25,3% y en 2010 del 31,5% (Encuestas de usos del Tiempo de CIRES 1991 y 1996 e INE, 2003 y 2010 en IOE -2013- Crece la desigualdad en España. Barómetro social de España.). Sin embargo, las mujeres continúan dedicando mucho más tiempo diario de trabajo, combinando ambos tipos de tarea, que los varones.
8. Los datos derivados de la Encuesta de discapacidad (EDAD -IMSERSO, 2008) ponen de relieve que tres de cada cuatro cuidadores principales de personas dependientes son mujeres, al mismo tiempo que son ellas quienes siguen cargando con la principal responsabilidad sobre el cuidado de los hijos.
9. Carrasco, C. (2012). “No es una crisis, es el sistema”, Con la A, n.º 1, 8 de marzo de 2012; Gálvez Muñoz, L., y J. Torres López (2010). Desiguales: Mujeres y Hombres ante la crisis financiera. Barcelona, Icaria; Larrañaga, M. (2009) “Mujeres, tiempos, crisis: Combinaciones variadas”. Revista de Economía Crítica, 8: 113-120.
10. Como señala L. Sales (2013:441) “Si la calidad del empleo es peor en el caso de las mujeres, también lo es la calidad del desempleo: no es lo mismo perder un puesto de trabajo estable, a jornada completa —caso típicamente masculino—, que perder un trabajo temporal, a jornada parcial y con un salario inferior, que son las características habituales del empleo femenino”. En estos casos la protección es menor y más breve. Además, según esta autora habría que añadir el fenómeno que denomina “paro sumergido” que afectaba, en su estudio para Cataluña y con las mujeres atendidas por un dispositivo asistencial, al 19,2% de ellas.[Sales, L. (2013)“Realidades invisibilizadas: pobreza e impacto de la crisis a partir de una investigación feminista en el área metropolitana de Barcelona” Cuadernos de Relaciones Laborales Vol. 31, Núm. 2.pp: 435-451].
11. Sales, L. (2013) Ibídem.
12. De hecho, si bien ha sido una constante la mayor tasa de pobreza relativa de las mujeres (fenómeno que se ha venido a caracterizar como “feminización de la pobreza”) las estadísticas globales ponen de relieve que estas diferencias disminuyen en los últimos años, hasta llegar a ser prácticamente nulas. Lo que esta supuesta mayor igualdad invisibiliza es el mayor acceso, doblemente precarizado, de las mujeres a nichos laborales relacionados con el cuidado y el trabajo doméstico y la multiplicación de las demandas en el propio hogar. Al mismo tiempo, las estadísticas invisibilizan también una parte importante de las mujeres con responsabilidades familiares en contextos de pobreza y carencia, que son acogidas en los hogares de los progenitores u otros familiares.
13. En esta línea se desarrolla un interesante área de trabajo en la que uno de sus principales exponentes viene a ser Loïc Wacquant (2010 ) con su texto Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social . Gedisa
14. EAPN (2009) El impacto de la crisis en la pobreza y la exclusión social: diagnóstico y actuaciones. Informe de la Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el estado español (EAPN- ES). Madrid, 17 de Octubre 2009.
15. Se pueden consultar los datos de Eurostat del índice de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) y también la encuesta específica sobre pobreza y exclusión social desarrollada por FOESSA en los años 2005 y 2008.
16. López Gimenez y V.Renes (2011) “Los efectos de la crisis en los hogares: nivel de integración y exclusión social” Papeles de relaciones eco-sociales y cambio global, Nº 113, 2011, pp. 189-199.
17. Es esta una de las conclusiones extraídas del estudio de Serrano, Parajuá y Zurdo (2013) Ibídem.
18. Es muy difícil aportar datos concretos y fiables relacionados con este tipo de fenómenos, puesto que la información es deficiente, fragmentada y con cambios importantes en los estándares de la recogida de datos, lo cual dificulta en buena medida las posibilidades de comparación. Las principales fuentes de datos son: las estadísticas judiciales del Consejo del Poder Judicial, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio del Interior y los informes criminológicos anuales sobre los delitos contra la libertad sexual de la Guardia Civil. En general, los diversos datos existentes ponen de relieve un relativo descenso de la incidencia de la violencia de género, de las víctimas de la prostitución y de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en los últimos años.
19. En la reforma en ciernes del código penal que actualmente está preparando el gobierno de la nación, el proxenetismo se despenaliza todavía más, incluyéndose dos condicionantes para penar el lucro de la prostitución que son muy difíciles de demostrar, al tiempo que se elimina el concepto de “explotación sexual” de la legislación española.
20. Diversos estudios vienen a mantener que el derecho penal se ha centrado tradicionalmente en el objetivo de tipificar conductas masculinas y que la menor criminalización de las mujeres viene compensada por el denominado “control informal o privado” [M. T. Martín Palomo; 2002: “Mujeres gitanas y el sistema penal”. La ventana, nº 15, pp:152]