No me gusta hablar del aborto

María Jesús Miranda
Socióloga

Tengo mis razones personales, y punto. Supongo que hay mucha gente que le pasa igual. Porque, en el fondo, es un tema tabú.

En el 98% de la sociedades conocidas existe el tabú del incesto, que define con quién puede tener relaciones sexuales cada individuo. Según el antropólogo francés Lévi-Strauss, esta definición está en la base de todas las demás relaciones sociales, porque clasifica a las personas: hombres y mujeres, nosotros (nuestra familia, nuestra tribu) y los otros (nuestros enemigos potenciales).

El primer intercambio, según él, es el intercambio de mujeres entre los varones de los diferentes grupos. Esto transforma a las mujeres en un don, en el sentido que da al término Marcel Mauss, es decir, las cosifica, les sustrae de su condición de personas.

Esta era la posición de las primeras feministas de los 70. Gayle Rubin, al introducir el concepto de género, difunde la idea de que el patriarcado es “meramente cultural”.

Esto es muy difícil de aceptar para las feministas materialistas, que consideran que subyacen a la discriminación cuestiones de explotación material, en el campo de la producción y la reproducción. Este último incluye tanto el crecimiento vegetativo de la población como las acciones vinculadas directamente a él (cuidado de niños, ancianos y otras personas dependientes, tareas domésticas, apoyo al sustentador principal de la casa o patriarca, erc., etc.).

Nancy Fraser, y Judith Buttler han seguido polemizando sobre esta cuestión, pero esto no viene al caso ahora.

Malinowsky, en su obra “Crimen y costumbre en las sociedades salvajes”, narra como, nada más llegar a una tribu en el Pacífico, le sorprende que un muchacho se suicide tirándose de un cocotero. Después descubre que el suicidio podía haberse evitado, siempre y cuando el muchacho se hubiera confesado con el chamán y le hubiese ofrecido un don.
Entonces hubiera sido personado. De lo que no habla Malinowsky, y pocos antropólogos sociales, es de lo que fue de la mujer que había cometido incesto con él, y del hijo que pudieran haber concebido.

Las antropólogas e historiadoras feministas si hacen referencia, sin embargo, a la práctica universalidad del aborto, paralela obviamente a la del incesto. Si hay relaciones heterosexuales prohibidas, por la razón que sea, ha de haber consecuentemente hijos clandestinos.

Cuando yo estudié Derecho civil, el curso 1966-67, los hijos se dividían en legítimos, naturales, ilegítimos, adulterinos y sacrílegos. Una de las primeras conquistas del movimiento feminista en el Estado Español fué, precisamente, la equiparaciónen cuanto a derechos de todos ellos.

1- Los cambios periódicos en la legislación sobre el aborto y la inseguridad jurídica

Como ya sabe todo el mundo, en el periodo 1975-2014, que es el analizamos en este blog, en el estado español ha habido tres regulaciones jurídicas del aborto y está en preparación una cuarta. Es decir, un cambio más o menos cada diez años, tres o cuatro cambios a lo largo de la vida fértil de una mujer.

Esto produce una grave inseguridad jurídica, si el aborto no impuesto se introduce en la ley penal, dado el carácter no retroactivo de la misma y dado que la judicatura puede actuar según criterios de lege ferenda (de acuerdo con la ley vigente en el momento en que se realiza el juicio, aunque no lo estuviera en el momento en que se produjo el hecho). Las hemerotecas de los últimos 35 años dan buena fe de ello.

En 1980, vigente el Código Penal de 1970, un grupo de profesionales instaló una consulta en Sevilla donde se practicaban abortos clandestinos: la Clínica Los Naranjos. La experiencia duró 9 meses y fué interrumpida por una redada policial con 25 detenidos y un proceso judicial que duró 13 años. Fueron condenadas 15 personas, indultadas al final por el último gobierno de Felipe González.

Tambien en 1980, en Basauri, Bizkaia, fueron procesadas 11 mujeres, dos -madre e hija- por practicar abortos entre sus vecinas, varias de las cuales fueron así mismo acusadas. Madre e hija sufrieron prisión provisional de un año. Este proceso suscitó aún mayor rechazo popular que el anterior: 1.300 mujeres firmaron un manifiesto autoinculpándose de haber abortado, 1200 hombres, de ser colaboradores necesarios y tuvieron lugar numerosas manifestaciones, en especial en Euskadi.

Las mujeres fueron absueltas en razón de la eximente de “estado de necesidad” en el que se encontraban en el momento de realizar aquellos actos, entonces delictivos, pues todas ellas atravesaban situaciones económicas muy frágiles. Sin embargo, la ley de 1985 no contempló los aspectos económicos: ni el aborto era gratuito y a cargo de la Seguridad Social ni el estado de necesidad económica estaba incluido en los supuestos que se legalizaron.

Los encausamientos por aborto producidos tras la aprobación de aquella ley tienen mucho que ver con ello. El primero y más evidente fue el macroproceso de Málaga. En 1986 fueron detenidos, en una clínica ginecológica, cuatro médicos, cuatro auxiliares y una veintena de mujeres. El denunciante, que además actuó como perito en el juicio, era otro médico, perteneciente a un movimiento provida y que tenía su domicilio en el mismo inmueble que la clínica.Dos de los ginecólogos fueron encarcelados y, como es natural, se cerró la clínica.

En primera instancia se declaró la nulidad de la denuncia, puesto que el perito era parte interesada. Pero éste recurrió a la Audiencia Provincial, que nunca se pronunció sobre el asunto, hasta que declaró prescritos los hechos en 1998. Uno de los encausados protestó públicamente porque, al no haber sentencia, él no podía solicitar indemnizaciones por el tiempo que pasó en prisión y por las pérdidas económicas que le supuso el cierre de la clínica.

Nace así la leyenda del abortero movido exclusivamente por el afán de lucro. De ello hablaremos en el siguiente epígrafe.

En 1986 se produjo así mismo un registro policial masivo en la clínica Dátor de Madrid. Cerca de 500 mujeres fueron llamadas a declarar en base a sus fichas clínicas, teóricamente confidenciales. No hubo proceso, pero la única trabajadora de la clínica fué detenida. Pero ha habido otros casos, mucho menos mediáticos, en los que la falta de medios de la mujer le ha conducido a la muerte o a graves problemas sanitarios.

En 1986, una mujer falleció tras un aborto en la Clínica Coslada , un municipio perférico de Madrid. El fiscal solicitó 117 años de cárcel para el médico, de origen magrebí, por aborto ilegal y 7 para el marido de la víctima, por complicidad. Ambos ingresaron en prisión. Además, el padre fué privado de la guardia y custodia de los tres hijos anteriores del matrimonio, de 4, 7 y 11 años de edad.

En 1993 la Audiencia Provincial inició el segundo juicio, resultado del recurso del primero. Esta vez, el fiscal consideró que el aborto se había realizado bajo el supuesto de “grave peligro para la salud de la madre” y el juez llegó a un acuerdo con el médico para una condena de 4 años, por mala práctica, que ya casi había cumplido. El marido resultó absuelto, tras haber sido injustamente ingresado en prisión y haber perdido la custodia de sus hijos durante 7 años. Y así sucesivamente, mientras estuvo vigente la ley de 1985.

Aunque las noticias no aparecen ya en medios mayoritarios, sino, en general, en medios digitales. La Comunidad de Madrid y la Comunidad de Murcia han sido condenadas a indennizar a dos mujeres, en el primer caso por no detectar una malformación del feto y en el segundo por derivar a una mujer desde esa comunidad a una clínica de Madrid, en donde resultó con una minusvalía del 94%, a causa de las lesiones que le produjo el aborto. La Comunidad de Madrid retiró la licencia a la clínica unos meses después.

Y un solo caso curioso más. Una mujer de Barcelona fué condenada a pagar una multa de 1.400 euros por provocarse, en 2008, un autoaborto de 7 semanas, mediante la píldora RU, que se introdujo en la vagina en lugar de ingerirla. Esto le provocó una hemorragia de la que tuvo que ser atendida en un hospital público, que informó a la Policía.
En 2011 la sentencia fue revisada y la mujer absuelta, por considerar la Audiencia que el aborto era legal según la vigente ley de plazos.

2.- Los millones del aborto

Suele argumentarse que el aborto es una carga excesiva para la Seguridad Social, y que los gerentes de las clínicas privadas actúan movidos por un excesivo afán de lucro.

Este parece ser el motivo por el que el Tribunal Supremo ha reabierto el caso contra un ginecólogo peruano, ejerciente en Barcelona y con una clínica filial en Madrid. Tras una inspección de la Comunidad de Madrid en 2007 en la que se intervinieron 2000 historias clínicas, la clínica fué cerrada y el propietario acusado. El juez decidió no abrir juicio oral, por las mismas razones por las que se sobreseyó el caso de la clínica Isadora en 2009: las fuerzas de seguridad se habían excedido en sus funciones.

En febrero del 2012 la Audiencia Provincial validó el auto del juez. Esta noticia apareció en El Pais el 12 de febfero de 2012. Sin embargo, este médico está pendiente de juicio ante el Supremo por otro proceso abierto contra él en Barcelona. Aunque aquella Audiencia Provincial lo archivó en enero de 2013 por aplicación retroactiva de la ley de 2010, el Tribunal Supremo reabrió el caso a instancias del fiscal, y la acusación particular constituida por la asociación Alternativa Española y el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro. Esta noticia apareció en el diario ABC el 5 de noviembre de 2013.

Indico ambas fuentes para mostrar como la cuestión del aborto está siendo abordada de nuevo por medios de difusión nacional. Parece ser que uno de los argumentos de las acusaciones es que el doctor peruano actuó “movido por su excesivo afán de lucro”.

Este es otro de los argumentos que se utiliza para criminalizar a los ginecólogos que practican abortos. Como en tantas otras cosas, las estadísticas en el Estado español a este respecto dejan mucho que desear. Pero así, a groso modo, podemos calcular que, desde 1910, se practica una media de 114.000 abortos al año (Fuente aceprensa.com), con un coste de 50 millones de euros, es decir, unos 438 euros por intervención.

De la única comunidad autónoma de la que se dispone de datos oficiales es NavarraSegún un informe presentado al Parlamento navarro por la Cámara de Comptos, desde 1986 hasta 2011 no se practicaron abortos en Navarra. En ese año se abrió una clínica autorizada y en 2012 abortaron en toda la Comunidad Foral 981 mujeres, con un coste global de 437.00 euros, 445 por IVE, es decir, una cifra muy cercana a la estimada para el conjunto del Estado. La clínica autorizada en la Comunidad percibió una media de 469 euros por las 812 prestaciones que llevó a cabo. Las 169 IVEs restantes se realizaron en Zaragoza, Madrid y San Sebastián, según dicho informe.

Lo importante es, en todo caso, que el coste de la intervención no es elevado, que seguramente pocos ginecólogos se han hecho millonarios a base de practicarla y que no supone ningún coste desmedido para las arcas de la Seguridad Social.

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