Hoy invertimos los papeles

Artículos:

Mª Jesús Miranda.
Sociologa

Esta semana es Carmen Ruidíaz, profesora de la Universidad de La Rioja y antigua alumna mía, quien escribe el artículo, y su hijo Alberto Fernández, licenciado en Derecho, quien colabora con ella.
Ya han establecido su particular diálogo entre generaciones.

Carmen Ruidíaz y yo comenzamos a colaborar en una investigación sobre inseguridad ciudadana, patrocinada con una beca del CIS, allá por 1986. Estábamos asistiendo al comienzo de una campaña mediática que empezó con la reforma de la Ley de Enjuiciamineto Crinimal iniciada por el PSOE.

La prensa, en especial el ABC, comenzó a alarmar a la población con titulares como “La nueva ley pondrá en libertad a 13.000 peligrosos delincuentes”.

Precisamente en el curso 1986-87, propuse a mis alumnos de licenciatura un trabajo de colectivo basado en la comparación de noticias de sucesos aparecidos en el periódico ABC en 1965 y 1985.

Las del tiempo de Franco comenzaban siempre con una frase ritual: “Tras un brillante servicio de la Brigada de Investigación Criminal ha sido detenido el peligroso delincuente…”. Supongo que el éxito del periódico El Caso, luego desparecido, se debía a que, de alguna manera, sorteaba la censura y podía publicar casos aún no resueltos.

Pero se terminó la censura y los medios (primero la prensa escrita, luego la televisión) pudieron dedicarse libremente a aterrorizar a su público. La parte buena es que empezaron a aflorar los deslices de los poderosos (la corrupción, la guerra sucia contra ETA).

La parte mala es que se extendió lo que podríamos llamar el “síndrome de la víctima”: seres humanos resentidos, ávidos de venganza e incapaces de comprender que “hasta del más malvado se cabe esperar algo bueno”, como decía Rousseau.

En los primeros años 90, mientras se daban los últimos toques al Código Penal del 95, contemplamos verdaderas aberraciones. Tras el terrible asesinato de la niñas de Alcasser, muchos medios pidieron penas superiores para la violación que para el asesinato.

Como en el caso de Santa María Goretti, antes muerta que deshonrada. Y el violador podía eliminar a la testigo “gratis”.

Se solicitaron así mismo penas superiores para el tráfico de estupefacientes que para el asesinato. Aquí fue donde policía y guardia civil pusieron el grito en el cielo: ¿quién iba a atreverse a detener a un narco?.

Y así sucesivamente. La deriva autoritaria nos ha llevado a un proyecto de Código Penal que establece la “cadena perpetua revisable”. Si tal caso se compadece con el principio constitucional de la reinserción social lo dirá el tiempo.

Pero el problema de fondo es hasta que punto se compadece el autoritarismo con el respeto. Para sociólogos de la época nazi, como Erich Fromm, “el miedo a la libertad” está en las mismas raíces del fascismo.

Los medios de comunicación son responsables de preservar a los ciudadanos de ese miedo, a través de una información veraz y medida. El movimiento feminista ha hecho cuanto ha podido por limitar los abusos informativos en casos de violencia de género, en especial a raíz del caso de Ana Orantes.

La violencia no es un espectáculo, es una enfermedad social. Y como tal hay que tratarla: con un serio estudio de sus causas y sus remedios. Por eso no es de extrañar que sea precisamente el delito contra esta violencia el que ha producido más innovaciones penales en los últimos años: órdenes de alejamiento, medidas alternativas, regímenes de semilibertad con controles telemáticos…

En fin, que agradezco profundamente a Carmen y a Alberto que mantengan vivo el debate.

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