Aborto: A vueltas con la reforma de ley

Artículos:

Elena Herrera Quintana
Socióloga

En el artículo de 1986, publicado por EL PAÍS, Miranda ya demostraba que la ley del aborto de 1985 no era técnicamente adecuada desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Era una mala ley que precisaba ser modificada.

En 1985 el PSOE decide despenalizar el aborto y establecer los tres famosos supuestos  a los que las mujeres se podían acoger en caso de querer interrumpir su embarazo.

Lo  más interesante de esta ley es que bajo ningún caso sería punible la conducta de la embarazada, aun cuando la práctica del aborto no se realizase en un centro público o privado acreditado o no se hubiesen emitido los dictámenes médicos exigidos. Es evidente que resultaba injusto culpar exclusivamente a la persona enferma, en este caso, a la persona objeto del tratamiento, y hacerla única responsable de aquella situación.

Se suele decir que el primero de estos supuestos (riesgo de peligro físico o psíquico para la embarazada) era  un coladero. Pero como no va a haber riesgo psicológico cuando se obliga a una persona a tener un hijo no deseado. Este riesgo puede ser mayor o menor, pero embarazarse, sentir que la carrera vital de una misma puede quedar interrumpida por la posibilidad de tener que traer al mundo descendencia es un hecho que tiene que acarrear ciertas consecuencias psíquicas. Si esto lo consideramos coladero, que así sea.

En 2010 el PSOE reformula la ley y establece el sistema de plazos. Hasta las 14 semanas toda mujer, desde los 16 años, podría abortar sin alegar causa ninguna. El tema de las menores generó controversia, pero debemos recordar que a pesar de que no necesiten la autorización parental, al menos uno de los progenitores debe de estar informado de tal intervención, a no ser que la menor  “alegue fundadamente” riesgo de inseguridad intrafamiliar en el caso de informar de la intervención.

Antes de clamar al cielo y rechazar la ley al completo por culpa del tratamiento que ésta hace de las menores, habría que preguntarse qué considera la justicia como “alegar fundadamente riesgo de inseguridad familiar”. Y aunque estuviésemos de acuerdo en reformula este apartado, eso no daría excusa a invalidar toda la ley.

En el artículo de Miranda se apunta ya la confusión general entre el sistema de plazos con la idea de “aborto libre”. Que la Ley establezca un plazo para aborto sin alegar causa alguna no es equivalente a abortar libremente en cualquier momento durante los 9 meses de gestación, como parecen confundir los discursos pro vida.

De lo que se está hablando aquí es que las mujeres no tengan por qué alegar ningún tipo de causa, circunstancia o explicación para abortar dentro de ese plazo, precisamente por eso se llama libre. Este plazo emula el de otras legislaciones europeas, salvo en el caso de Inglaterra, donde se puede abortar libremente hasta la semana 22.

En España el plazo de 22 semanas tiene que ver con malformaciones del feto o enfermedades del mismo incurables en el momento del diagnóstico, así como riesgo para la salud de la madre.  En ambos casos respectivamente hablamos de abortos a los 3,5 y 5,5 meses.

Ahora el gobierno del PP quiere regresar a la antigua ley de 1985, solo que en este caso se van a revisar los casos de malformación o enfermedades del feto alegando que “los discapacitados nacidos y por nacer no pueden ser discriminados”. Esto está muy bien si el gobierno asegurase ayudas económicas vitalicias para aquellas familias que decidan tener hijos discapacitados, pero en un país donde los recortes están a la orden del día creo que esto dista mucho de la realidad. Entonces ¿cómo van a asegurar todas esas familias una vida digna a sus hijos, acordes con las necesidades que demanden: educación especializada, tratamientos médicos, seguimiento de desarrollo y otros servicios?

Hay que preguntarse, también,  por qué el Estado ha de obligar a la gente a traer una vida más al mundo. De lo que se trata en un país que se autodenomina democrático, es que su ciudadanía pueda elegir la vida que quiere llevar y las responsabilidades que quiere asumir.

El debate generado por el PP a raíz de la esta nueva ley (con tanto “retraso de cuentas” quizás la tengan lista el siglo que viene) vuelve a situarse en este campo penal que parece una deriva general de las políticas (recordemos la última reforma del Código Penal en Septiembre de 2013). El diseño de esta ley está regulado exclusivamente por el Ministerio de Justicia, el de Sanidad no participa para nada. Se quiere colocar la discusión en el terreno de los preceptos morales, del bien y del mal, por lo que parece que resultan secundarios los aspectos socio-sanitarios de la misma. Si no, no se explica por qué apartar a los y las profesionales de sanidad de la elaboración de dicha ley.

De hecho, esta estrategia de apelar a los preceptos morales y su relación con el eslogan “derecho a la vida” hace parecer que las posturas opositoras son contrarias a la vida, por tanto, asesinas. Es muy inteligente mantener el discurso en un marco pro-vida/anti-vida y airear el tema a las puertas de las próximas elecciones generales para rascar algunos votos con una buena campaña populista.  De lo contrario, no se explica el retraso en una ley que, nos venían anunciando desde el principio de legislatura, era clave para la buena marcha del país.

Es difícil encontrar datos actualizados sobre la opinión de la ciudadanía respecto a este tema, pero si tomamos el barómetro de Metroscopia del verano de 2012, a raíz de las declaraciones de Ruíz Gallardón en torno a la malformación del feto, el 81% de la población encuestada en ese momento se declaraba en contra de dicho cambio, dos de cada tres católicos practicantes, dos de cada tres votantes del PP.  

Es decir, que incluso ni sus propios votantes recibirían esta modificación con los brazos abiertos, otra cosa será si lo que se quisiera es volver a la ley del PSOE de 1985, que parece la intención de fondo.

Es evidente que este tema genera conflictos, y más cuando muchas asociaciones de personas discapacitadas han hablado de que el supuesto de malformación del feto esconde la no aceptación de personas discapacitadas en nuestra sociedad, pero no nos equivocamos si citamos a Begoña Zabala cuando dice que lo que en realidad se está reivindicando es la decisión de la mujer, por encima de todo. Amén de lo miserable por parte del gobierno de culpar de la falta de atención a la discapacidad que existe en nuestra sociedad a las mujeres que deciden abortar bajo este supuesto[1], como si de ellas dependiera un cambio legislativo o de mentalidad.

Otro de los temas es la invención del sujeto-zigoto, y de la preponderancia de los derechos de este ser no nacido sobre los de mujeres adultas con derechos y deberes. El tratamiento en calidad de ciudadano o ciudadana de aquel óvulo fecundado en el mismo momento de su fecundación lo instaura como sujeto demandante de justicia para sí.

Por otro lado, si verdaderamente se llega a modificar dicha ley en los términos afirmados, nos preguntamos hasta qué punto estamos dispuestos y dispuestas a asumir maternidades no deseadas. Se supone, y más para la derecha, que la maternidad es casi un milagro, una experiencia cuasi-religiosa ¿no deberíamos entonces asegurarnos que las mujeres trajesen al mundo hijos e hijas en los momentos que ellas decidiesen conscientemente? ¿No deberíamos asegurarnos de que sea un proceso elegido libremente por la madre? ¿Queremos una maternidad obligatoria?

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[1] Según Begoña Zabala un 3,5% del total de abortos sujetos a este supuesto de malformación del feto.

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