Inseguridad Ciudadana: antes y ahora

Artículos:

Mª Jesús Miranda
Sociologa

Pasé el verano de 1991 haciendo modelos estadísticos sobre la población penitenciaria. Me explico. Se estaba elaborando el llamado “código penal de la democracia” y el Partido Socialista, entonces en el poder, no quería que el Partido Popular le metiera un gol como el que le había metido en el periodo 83-85, con motivo de la reforma de la Ley De Enjuiciamiento Criminal.

Al frente de un excelente equipo de sociólogos penitenciarios calculamos cientos de veces cuantos presos saldrían de la cárcel, en aplicación de la ley penal más favorable, si la pena para el delito que habían cometido se modificaba, a la vez que se abolían los beneficios penitenciarios.

El resultado fue un catálogo de penas que, con escasas modificaciones constituye la base del Código Penal de 1996.
Un prestigioso penalista, que había trabajado muchos años en la elaboración de dicho Código Penal, me preguntó confidencialmente en Septiembre: “¿Qué le has contado al ministro, que le ha pegado ese subidón a las penas?” No le respondí porque estime que nuestro trabajo era confidencial.

Así el Código Penal de 1996 y sus sucesivas reformas han supuesto un alargamiento de la estancia de los reclusos en prisión que ha hecho que la población penitenciaria en el conjunto del estado español, excepto Cataluña que tiene tal competencia transferida, aumentara de 41.9031 en 1996 a 68.939 en 2013 [Anuario Estadístico de Asuntos Penitenciarios del Ministerio del Interior 2011 y Fondo documental de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ].

Pero lo más grave ha sido que cualquier problema social que se ha presentado a partir de ese momento se ha pretendido resolver con respuestas penales: Ley contra la Violencia de Género, leyes para la seguridad del tráfico, etc., etc..

La jueza jubilada Manuela Carmena ha declarado públicamente que el perfil de aquellos que se someten a juicio penal ha variado radicalmente: del típico yoqui asaltafarmacias de los años de 1980, se ha pasado al varón de edad y clase media que han maltratado a su mujer, cometido un delito de tráfico o defraudado a hacienda.

En 2013, el Partido Popular ha presentado a las Cámaras un nuevo proyecto de código penal, que el lector puede consultar en la página web del Congreso de los Diputados, y observar si las penas para aquellos delitos que el mismo o alguna persona cercana han cometido o hubieran podido cometer, han aumentado o no.

Y, sin embargo, la población ha aprendido a quitar las sábanas a los problemas que constituían en los años 80 el concepto polisémico de inseguridad ciudadana. Como se puede ver en el artículo de Elena, “El fantasma ya tiene distintas sabanas”, los españoles y españolas han aprendido a llamar a cada cosa por su nombre: Una cosa son los delitos financieros, otra el mal gobierno, otra el peligro ecológico, otra los abusos cometidos por los proveedores de bienes y servicios, otra las malas condiciones de trabajo, otra el paro y la incertidumbre económica, que constituyen las fuentes de su autentica inseguridad.

La pregunta es: ¿Se atreverá este gobierno, o los gobiernos sucesivos a afrontar estas cuestiones de manera distinta a la penal o dará la cara a estas y otras muchas cuestiones, actualmente penalizadas, de forma diferente y efectiva?

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