Aborto: El cuerpo de la mujer, tierra de nadie

Barbara Kruger “Your body is a battleground”

Artículos:

Mª Jesús Miranda
Socióloga

Los mitos sobre la concepción de los hijos han existido en todas las culturas. De hecho, adjudicar un padre al hijo de cada mujer es la regla principal del casi universal tabú del incesto. Este padre no coincide necesariamente con el biológico, según demuestran los estudios sobre los tipos de familia de los antropólogos desde el siglo XIX.

De hecho,  hasta el siglo XVIII no hay constancia de estudios científicos sobre la concepción, tras el invento del microscopio. La mentalidad patriarcal de los científicos de la época les hizo suponer que el espermatozoide era un homúnculo en el que se concentraba el principio vital.

“La mujer es la tierra y el hombre el hortelano. Es normal, por tanto, “que sus frutos le pertenezcan a él”, escribió Napoleón en sus Memorias de Santa Elena. En consonancia con estas ideas se había redactado su Código Civil, que consagra la familia patriarcal, en la que ni la esposa ni los hijos tienen derecho alguno. El Código Civil napoleónico se extendió pronto por toda Europa. Aún padecemos sus secuelas.

La Iglesia católica, que ya desde el siglo XII se había pronunciado contra el aborto, se apuntó al carro. La burguesía, que necesitaba mano de obra para sus empresas, también. Y los Estados, que iban a meterse en inacabables guerras capitalistas por las materias primas, soldados para sus ejércitos.

Así que, todos reunidos, se lanzaron a apropiarse del cuerpo de las mujeres. Todavía me pregunto con admiración de dónde sacaron la fuerza y el valor un puñado de feministas,  hace más de un siglo y medio,  para reivindicar que su cuerpo era suyo, y no tierra de nadie, de la que todos podían apropiarse.

Al principio, ni sus compañeros proletarios las entendieron. Si un burgués podía tener su señora y sus herederos, ¿por qué ellos no?.

Las mujeres se resistían como podían. En casi todas las sociedades humanas conocidas hay métodos anticonceptivos, rituales de fertilidad y técnicas de aborto. Era una cultura transmitida de madre a hija, de mujer a mujer.

Tengo un imborrable recuerdo personal. Entre los 6 y los 14 años viví en una fábrica de material eléctrico… Con casi cinco mil obreros y obreras, los niños andábamos por ahí, medio desapercibidos. Mi hermana y yo solíamos sentarnos debajo de banco de las bobinadoras, mujeres que enrollaban interminablemente hilo de cobre en bobinas de madera. Mientras tanto, charlaban. Ahí adquirí yo los rudimentos de mi educación sexual. Debía de ser la época de la película Vera Drake, de Mike Leigh.

Pasó el tiempo. En el Reino Unido se legalizó el aborto. Yo había empezado a militar como feminista y participé en el movimiento de los entonces clandestinos Centros de Planificación Familiar.  A veces, acompañaba a otras chicas a abortar en Londres o en Holanda. Eso me trajo problemas en los aeropuertos hasta 1989, que me hicieron un interrogatorio y registro en el aeropuerto de Gatwick. Por entonces yo era ya una señora funcionaria que asistía a una reunión de la Comunidad  Europea. Pero hasta entonces no dejaron de mirarme y remirarme los sellos del pasaporte, de abrirme las maletas y de preguntarme a qué iba al país.

También hubo una película española sobre ello, “Abortar en Londres” de 1977. 

El profesor tierno Galván, alcalde de Madrid desde 1979 hasta su muerte, municipalizó los centros de planificación familiar e hizo funcionarias a muchas de mis amigas médicas. Eso también tiene una película, “La vida alegre”, con Verónica Forqué.

Cuando, por fin, en 1985 el gobierno del PSOE despenalizó parcialmente el aborto, a mí me supo a poco. No era la legalización que veníamos reclamando, era una chapuza jurídica. En el artículo de El País utilizo conceptos de técnica jurídica para criticarla.

Frente a la nueva Ley con la que amenaza el PP hay además argumentos biomédicos. Se ha inventado la “píldora del día después”, que no es abortiva pero cuyo uso indiscriminado, como el de todos los anticonceptivos (salvo el condón) compromete la salud reproductiva de las mujeres. Está la píldora RU, que se puede comprar por Internet, que si es abortiva y que tiene peores efectos aún, si se utiliza sin control médico. Existe una legión de jóvenes médicas en paro… y las chicas en edad reproductiva tienen ya su propia cultura del aborto.

Legislen, señores y señoras del PP, legislen. Es como poner puertas al campo.

Aborto: A vueltas con la reforma de ley

Artículos:

Elena Herrera Quintana
Socióloga

En el artículo de 1986, publicado por EL PAÍS, Miranda ya demostraba que la ley del aborto de 1985 no era técnicamente adecuada desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Era una mala ley que precisaba ser modificada.

En 1985 el PSOE decide despenalizar el aborto y establecer los tres famosos supuestos  a los que las mujeres se podían acoger en caso de querer interrumpir su embarazo.

Lo  más interesante de esta ley es que bajo ningún caso sería punible la conducta de la embarazada, aun cuando la práctica del aborto no se realizase en un centro público o privado acreditado o no se hubiesen emitido los dictámenes médicos exigidos. Es evidente que resultaba injusto culpar exclusivamente a la persona enferma, en este caso, a la persona objeto del tratamiento, y hacerla única responsable de aquella situación.

Se suele decir que el primero de estos supuestos (riesgo de peligro físico o psíquico para la embarazada) era  un coladero. Pero como no va a haber riesgo psicológico cuando se obliga a una persona a tener un hijo no deseado. Este riesgo puede ser mayor o menor, pero embarazarse, sentir que la carrera vital de una misma puede quedar interrumpida por la posibilidad de tener que traer al mundo descendencia es un hecho que tiene que acarrear ciertas consecuencias psíquicas. Si esto lo consideramos coladero, que así sea.

En 2010 el PSOE reformula la ley y establece el sistema de plazos. Hasta las 14 semanas toda mujer, desde los 16 años, podría abortar sin alegar causa ninguna. El tema de las menores generó controversia, pero debemos recordar que a pesar de que no necesiten la autorización parental, al menos uno de los progenitores debe de estar informado de tal intervención, a no ser que la menor  “alegue fundadamente” riesgo de inseguridad intrafamiliar en el caso de informar de la intervención.

Antes de clamar al cielo y rechazar la ley al completo por culpa del tratamiento que ésta hace de las menores, habría que preguntarse qué considera la justicia como “alegar fundadamente riesgo de inseguridad familiar”. Y aunque estuviésemos de acuerdo en reformula este apartado, eso no daría excusa a invalidar toda la ley.

En el artículo de Miranda se apunta ya la confusión general entre el sistema de plazos con la idea de “aborto libre”. Que la Ley establezca un plazo para aborto sin alegar causa alguna no es equivalente a abortar libremente en cualquier momento durante los 9 meses de gestación, como parecen confundir los discursos pro vida.

De lo que se está hablando aquí es que las mujeres no tengan por qué alegar ningún tipo de causa, circunstancia o explicación para abortar dentro de ese plazo, precisamente por eso se llama libre. Este plazo emula el de otras legislaciones europeas, salvo en el caso de Inglaterra, donde se puede abortar libremente hasta la semana 22.

En España el plazo de 22 semanas tiene que ver con malformaciones del feto o enfermedades del mismo incurables en el momento del diagnóstico, así como riesgo para la salud de la madre.  En ambos casos respectivamente hablamos de abortos a los 3,5 y 5,5 meses.

Ahora el gobierno del PP quiere regresar a la antigua ley de 1985, solo que en este caso se van a revisar los casos de malformación o enfermedades del feto alegando que “los discapacitados nacidos y por nacer no pueden ser discriminados”. Esto está muy bien si el gobierno asegurase ayudas económicas vitalicias para aquellas familias que decidan tener hijos discapacitados, pero en un país donde los recortes están a la orden del día creo que esto dista mucho de la realidad. Entonces ¿cómo van a asegurar todas esas familias una vida digna a sus hijos, acordes con las necesidades que demanden: educación especializada, tratamientos médicos, seguimiento de desarrollo y otros servicios?

Hay que preguntarse, también,  por qué el Estado ha de obligar a la gente a traer una vida más al mundo. De lo que se trata en un país que se autodenomina democrático, es que su ciudadanía pueda elegir la vida que quiere llevar y las responsabilidades que quiere asumir.

El debate generado por el PP a raíz de la esta nueva ley (con tanto “retraso de cuentas” quizás la tengan lista el siglo que viene) vuelve a situarse en este campo penal que parece una deriva general de las políticas (recordemos la última reforma del Código Penal en Septiembre de 2013). El diseño de esta ley está regulado exclusivamente por el Ministerio de Justicia, el de Sanidad no participa para nada. Se quiere colocar la discusión en el terreno de los preceptos morales, del bien y del mal, por lo que parece que resultan secundarios los aspectos socio-sanitarios de la misma. Si no, no se explica por qué apartar a los y las profesionales de sanidad de la elaboración de dicha ley.

De hecho, esta estrategia de apelar a los preceptos morales y su relación con el eslogan “derecho a la vida” hace parecer que las posturas opositoras son contrarias a la vida, por tanto, asesinas. Es muy inteligente mantener el discurso en un marco pro-vida/anti-vida y airear el tema a las puertas de las próximas elecciones generales para rascar algunos votos con una buena campaña populista.  De lo contrario, no se explica el retraso en una ley que, nos venían anunciando desde el principio de legislatura, era clave para la buena marcha del país.

Es difícil encontrar datos actualizados sobre la opinión de la ciudadanía respecto a este tema, pero si tomamos el barómetro de Metroscopia del verano de 2012, a raíz de las declaraciones de Ruíz Gallardón en torno a la malformación del feto, el 81% de la población encuestada en ese momento se declaraba en contra de dicho cambio, dos de cada tres católicos practicantes, dos de cada tres votantes del PP.  

Es decir, que incluso ni sus propios votantes recibirían esta modificación con los brazos abiertos, otra cosa será si lo que se quisiera es volver a la ley del PSOE de 1985, que parece la intención de fondo.

Es evidente que este tema genera conflictos, y más cuando muchas asociaciones de personas discapacitadas han hablado de que el supuesto de malformación del feto esconde la no aceptación de personas discapacitadas en nuestra sociedad, pero no nos equivocamos si citamos a Begoña Zabala cuando dice que lo que en realidad se está reivindicando es la decisión de la mujer, por encima de todo. Amén de lo miserable por parte del gobierno de culpar de la falta de atención a la discapacidad que existe en nuestra sociedad a las mujeres que deciden abortar bajo este supuesto[1], como si de ellas dependiera un cambio legislativo o de mentalidad.

Otro de los temas es la invención del sujeto-zigoto, y de la preponderancia de los derechos de este ser no nacido sobre los de mujeres adultas con derechos y deberes. El tratamiento en calidad de ciudadano o ciudadana de aquel óvulo fecundado en el mismo momento de su fecundación lo instaura como sujeto demandante de justicia para sí.

Por otro lado, si verdaderamente se llega a modificar dicha ley en los términos afirmados, nos preguntamos hasta qué punto estamos dispuestos y dispuestas a asumir maternidades no deseadas. Se supone, y más para la derecha, que la maternidad es casi un milagro, una experiencia cuasi-religiosa ¿no deberíamos entonces asegurarnos que las mujeres trajesen al mundo hijos e hijas en los momentos que ellas decidiesen conscientemente? ¿No deberíamos asegurarnos de que sea un proceso elegido libremente por la madre? ¿Queremos una maternidad obligatoria?

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[1] Según Begoña Zabala un 3,5% del total de abortos sujetos a este supuesto de malformación del feto.

¿Jóvenes en prisión?

Artículos:

Francisco Benito Rangel.
Sociólogo

Lo primero que me ha surgido de forma instantánea, al releer el artículo sobre la “generación maldita”, ha sido ponerle unos interrogantes. Es decir, ¿verdaderamente son jóvenes los reclusos que hay actualmente en las cárceles españolas?, ¿o son los miembros de esas generaciones jóvenes de ayer, que hoy se han hecho mayores?.

Entre el escepticismo de algunos, el no entender lo que está pasando de otros, mi respuesta, y ya por aburrimiento, sigue siendo la misma. Es la misma generación que, con mayor frecuencia relativa, continua teniendo las prisiones en sus vidas, cual paisaje cotidiano.

Y quizá uno de los mayores interrogantes a los que se enfrentan los miembros de esta generación es cómo continuará su ciclo vital, una vez salgan en libertad, con la que está cayendo “fuera”; porque como bien dice Mª Jesús Miranda,  “mientras esto sea así, cada rebrote de las, por el momento inevitables crisis económicas, dejará en la cuneta a un puñado de gente. En las clases de economía enseñan que las crisis expulsan del mercado a las empresas menos competitivas y que esto tiene un aspecto positivo, porque adapta la estructura empresarial a los nuevos tiempos. En algún sitio alguien debería decir que también expulsan de la sociedad civil a una serie de personas. Muchas de esas personas van a dar con sus huesos en la cárcel y luego, por lo que demuestra la experiencia, es difícil sacarlas de allí. Esta es la moraleja de la historia”.

El proceso de envejecimiento de la población reclusa ha sido lento, continuo y ascendente. Si en 1980 la edad modal (es decir, la más frecuente) del primer ingreso en prisión eran los 16 años, en 1990 los 23, a 31 de diciembre de 2012, la edad modal  de la población reclusa española con menos de 1 año en prisión desde su ingreso de libertad era de 32 años; y la edad más frecuente de los españoles que están en prisión en esa fecha es de 41 años.

Al entender el movimiento de esta generación, como un fenómeno demográfico de carácter subyacente, a otras explicaciones sobre el crecimiento y descenso de la población reclusa en la actualidad,  mi curiosidad  radica en intentar entender “los días después” de la puesta en libertad y ¿cuantos serán?. Porque,fuera” las estructuras familiares y sociales que puedan dar cobijo se encuentran mermadas, con escasez de recursos ante la demanda de esta población ya muy castigada.

Por otra parte nos podríamos plantear, ¿existe reemplazo generacional en la población reclusa española?. Si siempre se ha asociado delincuencia con juventud ¿sigue estando vigente esta afirmación tan tajante?.

Para dar una respuesta a este interrogante he insertado el cuadro nº 1 en el que aparecen por cohortes generaciones la población reclusa española, la población reclusa total, y la población reclusa con menos de 1 año de prisión desde su último ingreso de libertad.

Cuadro 1.- Población reclusa española, población reclusa y población reclusa con menos de 1 año en prisión en el ámbito de la AGE cohortes generacionales

  Población reclusa española Población reclusa Población reclusa con menos de 1 año en prisión
Hasta 1954 5,70% 4,60% 4,92
1955-1959 5,50% 4,70% 4,95
1960-1964 9,70% 8,40% 9,17
1965-1969 14,60% 13,10% 13,38
1970-1974 16,80% 16,30% 15,71
1975-1979 16,50% 17,60% 15,9
1980-1984 15,20% 16,80% 15,1
1985-1989 12,30% 13,80% 14,52
1990-1994 3,70% 4,70% 6,36
Total 100(40.148) 100(58.476) 100(13.752)

Fuente.- Estadística General Clasificada de Población Penitenciaria. Datos a 31-12-2012. Elaboración propia.

Los españoles nacidos en el periodo 1990-1994, con 18 a 22 años a 31 de diciembre de 2012 representan solo el 3,7% del total. Cifra inferior en 2 puntos porcentuales a los que nacieron con anterioridad a 1954 (5,7%); la población reclusa total presenta cifras muy parejas y los ingresos con menos de 1 año en prisión el porcentaje es 1,44 puntos superior a los nacidos con anterioridad a 1954. Si bien en las tres variables los porcentajes son inferiores a los nacidos en 1960-1964, la generación maldita. Por tanto, el reemplazo generacional todavía no se ha producido, aún perdiendo peso lentamente  la población nacida en 1960-1964.

Un dato, representativo, igual que la moda, es la media: que para la población reclusa española es de 39 años de edad. En resumen, la delincuencia ya no es un fenómeno juvenil.

Jóvenes en prisión: La década del fin del mundo

Artículos:

Mª Jesús Miranda
Socióloga

Para mí nunca fue tan evidente que podía pasar cualquier cosa como en la década de los 80. En Oriente Medio, los iraníes votaron para presidente, por sufragio universal, a un ayatolá ultraconservador en 1979. En Occidente, se estrenó con el neoliberalismo de Reagan y Tatcher. Era evidente que la Unión Soviética se venía abajo, pero no sabíamos encima de quien.  Empezaron a perderse conquistas sociales.

Fui a Nueva York en 1982: las calles llenas de homeless y de baches , los bancos llenos de anuncios. Fui poco después a Cambridge (el de UK) y me encontré los trenes destartalados y los muros de las ex-fábricas cubiertos de grafittis. Los chavales, vestidos a lo punk y con aquellos loros enormes al hombro, escuchaban a Lou Reed (en paz descanse) y a los Sex Pistols.

Mi hijo el mayor (12 años) “se fue de casa por primera vez” (Serrat). El psicólogo al que consulté, Ángel Riviere, un excelente profesional que se fue demasiado pronto me dijo: “esta generación ha desarrollado una personalidad fóbica. Les hemos mostrado todos los peligros (nucleares, ecológicos, sentimentales…) pero no hemos hecho nada para enseñarles cómo  enfrentarse a ellos”.

Pasaron los años. Nuestros Gobiernos socialistas vivían en un sueño de reconocimiento internacional, privatizaciones, comisiones e impunidad. Felipe González se fue de vacaciones en el yate de Franco, Alfonso Guerra llamó a un helicóptero de ejército para que le sacara de un atasco porque llegaba tarde a los toros y la gente les seguía votando. Santo y bueno.

La movida madrileña ensalzaba a Alaska (“a quien le importa”), a Mecano (“no me mires, que no me he puesto el maquillaje”), al Almodóvar de Pepi, Lucy…  el punk de La Polla Records o Flema

Por debajo (underground) una red de cultivadores en “estados fallidos”, traficantes que no iban a ser más honrados que sus dirigentes y chicos desesperados mataban y morían.

En 1988 nombraron a una amiga mía Subdirectora de Sanidad Penitenciaria. A poco se muere del susto. Me llamó, en mi calidad de abogada de causas perdidas, e hicimos un convenio entre la Universidad Complutense y los Ministerios de Sanidad y Justicia. Analizamos la sangre y los secretos de 25.500 presos. La mayoría tenía menos de 30 años, casi todos estaban desesperados y 28,5% eran portadores del VIH. Eran los deshechos de la casi ignorada crisis del 73, que aquí se reveló en toda su crudeza en los 80, cuando nuestros amigos extranjeros dejaron de meter dinero a espuertas para garantizar la transición. Algunos han muerto. Otros siguen entrando y saliendo de prisión. La cárcel no es gratis.

A finales de los 90 llevamos a cabo (con María Teresa Martín Palomo y Cristina Vega) una investigación sobre “Politoxicómanos multi-reincidentes”. Un resumen de los resultados puede verse en Política y Sociedad, Vo.l 39, nº 2, 2002.

¿Y ahora? La diferencia entre la “cohorte maldita” y los ni-nis actuales es que han ido a la escuela. La escuela no solo enseña contenidos formales sino que, como bien dijo Foucault, DISCIPLINA.

Los jóvenes actuales son disciplinados. Aceptan imposibles condiciones de trabajo, aguantan días enteros de cola para ver un concierto  o un partido, se emborrachan y no se pelean a muerte después.  Algunos, incluso, son solidarios: se van de cooperantes a países perdidos, reparten café a los mendigos… Unos poquitos intentan enfrentarse a nuestra maldita herencia: un planeta arrasado, un millón de guerras, un poder en manos de unos inmorales desalmados.

Sobre sus hombros recae, más que sobre ninguno, el peso de esta crisis. Y van aguantando, con una creatividad que ya la quisiéramos para nosotros, quintos del 48.

Educación: De la excelente continuidad jerárquica al deterioro de la calidad académica y laboral

Artículos:

Begoña Marugan
Socióloga

De la excelente continuidad jerárquica al deterioro de la calidad académica y laboral

El artículo “La universidad de taifas”. Poder, dinero y autonomía”, que Mª Jesús Miranda publicara en El Viejo Topo hace treinta años, me trae a la memoria un hecho reciente. Llevaba cuatro años como profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid cuando unas elecciones al rectorado me hicieron chocar de bruces contra la pervivencia de prácticas del medievo.  El artículo 45 de los Estatutos de esta Universidad establece que la Comunidad Universitaria elegirá Rector mediante elección directa y sufragio universal, libre y secreto. El voto será ponderado de acuerdo con los porcentajes que corresponden a cada sector en el Claustro Universitario.

Porcentajes correspondientes a cada sector:

a) Profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios:  54%

b) Profesores pertenecientes al colectivo de profesores contratados doctores, asociados, eméritos y visitantes: 8%

c) Ayudantes doctores, ayudantes y becarios de investigación: 10%

d) Estudiantes de Grado y Postgrado: Veinte por ciento a repartir por el Consejo de Gobierno, solamente a propuesta de la Delegación de Estudiantes, que se ajustará en función del peso relativo de cada colectivo, no pudiendo ser menor al 2%  la representación de los estudiantes de Postgrado.

Voto ponderado por estamentos. ¿Qué era eso de cada hombre un voto que siempre criticamos las feministas porque nos dejaba fuera? Y así, de pronto comprendí algunos de los comportamientos y relaciones de vasallaje y endogamia que se producen en el ámbito académico. Acabar con ciertos males del pasado es difícil desde dentro.

Cuando “vives” dentro de una determinada cultura “naturalizas” la misma. Por un lado, la costumbre y la cotidianeidad posibilitan la reproducción y por otro, la necesidad de pervivir dentro de este campo profesional impide la crítica. Nada por otra parte diferente a lo que sucede en otros ámbitos laborales donde cualquier cuestionamiento se interpreta como un ataque en lugar como una palanca de mejora social.

Como vemos, en “La universidad de taifas” se expone algunas cuestiones que siguen siendo de actualidad, unas veces porque pervivieron y otras porque se están resucitando.
Un ejemplo de esto último lo encontramos en el Informe para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, encargado por el Ministro Wert.

En el mismo se propone volver al viejo sistema de la LOU según el cual para acceder a la condición de profesor/a funcionario/a (titular o catedrático/a) había que pasar primero por una prueba de habilitación nacional y después por un concurso en la universidad que convocaba la plaza.

Para la contratación laboral directa e indefinida del profesorado se recomienda la creación de un comité de selección de cinco miembros, con al menos tres catedráticos, que además de recomendar al rector el candidato a contratar propondrá su salario; y todo ello, una vez pasada la acreditación, sólo mediante una entrevista o una prueba oral. Eso sí, el único requisito sería no contratar a los doctores de la propia universidad. ¿Nostalgia del pasado?

Si de problemas se trata tampoco hay que ir muy atrás. Basta mira el presente y deducir el futuro. Según el artículo de Miranda, alrededor de la LAU giraban fundamentalmente tres debates: universidad público o privada, universidad gratuita o no y universidad controlada por el consejo académico o por el consejo social. El resultado final se ha saldado con veremos con una universidad pública elitista al servicio de los mercados.

  • Mercantilización de la universidad

La reivindicación de una universidad pública ha sido trasversal a diferentes luchas y continuada en el tiempo. La encontramos desde tablas reivindicativas como la de 1976, de las I Jornadas de la Dona, en la que se apostaba por una enseñanza obligatoria, pública, laica, gratuita y no discriminatoria, hasta en los lemas de la huelga educativa general del 24 de octubre pasado.

Ahora, como entonces, no se trata tanto de apostar por la universidad privada como de que las élites utilicen la pública para sus necesidades y servicios. La novedad en este sentido radica en la mercantilización de la universidad y en el rechazo a los recortes económicos que se la están imponiendo. No puede haber una universidad pública de calidad sin financiación suficiente.

La reforma del sistema educativo –activada con el RDL 14/2012– ha introducido cambios significativos que atentan contra la autonomía universitaria, la calidad educativa, el acceso universal y las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras. La estrategia de reforma persigue, por un lado, la descapitalización financiera y de recursos de la propia universidad, y por otro, su conversión en institución elitista al servicio de los intereses privados.

Las políticas de austeridad están siendo utilizadas como mecanismo y justificación necesaria para cambiar definitivamente de la universidad de masas a la universidad-empresa y de este modo consolidar el modelo universitario en consonancia con la lógica ideológica e instrumental del orden de esta nueva fase del capitalismo. Algo que ni es nuevo, ni exclusivo del Estado español.

Desde el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000 -según sus propios escritos- las políticas europeas han estado encaminadas a preparar el paso a una economía competitiva. Europa “necesita un entorno universitario saneado y floreciente” que permita conseguir la “excelencia en sus universidades para optimizar los procesos que sustentan la sociedad del conocimiento” y lograr el objetivo de convertirse “en la economía más competitiva y dinámica del mundo”.

Procesos como Bolonia se insertan claramente en el nuevo paradigma de la senda de la mercantilización y la liberalización de la educación superior.

Así, el Espacio Europeo de Educación Superior se ha realizado bajo un sistema marcadamente liberal, que acaba teniendo a la productividad, la competitividad, la empleabilidad y la mercantilización como sus elementos centrales.

El concepto de “excelencia” revela el verdadero sentido del discurso del capitalismo cognitivo. Como argumenta Galcerán, en La universidad en conflicto, la “excelencia” se utiliza de forma recurrente para definir la “capacidad para producir conocimientos explotables con fines industriales”, es decir, desde la asunción de criterios empresariales y como salida al mercado.

Cuando se propone la constitución de los “Campus de Excelencia”, lo que realmente se está planteando es la configuración de parques tecnológicos combinados de empresas y centros de estudios e investigación y no de centros académicos relevantes.

La eficacia y la excelencia del sistema universitario se alcanzan si se atiende a los criterios y consejos empresariales, aunque para ello además de apostar por la Universidad-empresa, se limite la democracia interna y -siguiendo la estrategia EU 2015- se proponga la sustitución del Consejo de Gobierno y el Consejo Social por la creación del Consejo de la Universidad como órgano máximo de decisión.

  • ¿Y qué decir del debate de la gratuidad de la universidad?

El RDL 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, modificó el sistema de precios público de acceso a la universidad. El precio de la universidad depende de su posición y prestigio ya que está fragmentada – existiendo universidades de primera y de segunda-, y despiezada por ciclos, tipo de formación, programas y sectores prioritarios. 

Pero al margen de esto hay que recordar que ahora el precio de las tasas es prefijado por la comunidad autónoma correspondiente, lo que dibuja un panorama cada vez más heterogéneo en el ámbito de los precios públicos universitarios y que además se han subido las tasas.

Los límites prefijados por el Ministerio oscilan en una horquilla de entre el 15 y el 25 % del coste real para las enseñanzas de grado,  porcentaje que es mayor en segundas matriculas -entre el 30 y el 40%-, y en terceras -entre el 65 y el 75%-. A partir de la cuarta las tasas son entre el 90 y el 100%. Además los estudiantes extranjeros no comunitarios, que no tengan permiso de residencia, deberán abonar el 100%.

En el curso 2012-2013, el precio medio del crédito de primera matricula en las titulaciones de grado ya fue de 17,9 euros, un 16,7% más caro que en el curso anterior. El incremento ha sido desigual en las distintas Comunidades Autónomas. Aunque la subida afecta más a unas carreras que a otras, de media, en toda la Comunidad de Madrid, los precios públicos han subido un 65% acumulado desde 2011.

De suspender, el precio del crédito se pone en 60 euros en segunda matrícula y en 113 en la tercera. En cuarta y sucesivas en 151 euros. Por tanto, así una asignatura de Grado de 6 créditos puede llegar a costar 906 euros.

Si se trata de máster el precio es aún mayor. El precio aumentará en función del puesto que la universidad ocupe en el ranking de las enseñanzas superiores. Entre las más caras se encuentran la Universidad Carlos III, la de Alcalá, la Pompeu Fabra y las andaluzas.

El precio del crédito oscila entre los 191,7 euros y los 70,77. En 2012 el crédito mínimo de un máster en Madrid estaba en 65 euros en primera matrícula y en 97 euros en segunda. Y entre las universidades, la Universidad Carlos III de Madrid lidera la lista de las tasas más caras con el Máster en Administración y Dirección de empresas, de dos años, que cuesta un total de 23.000 euros, 11.500 euros anuales.

Estas tasas están impidiendo que un número importante de alumnos pueda seguir sus estudios. Los periódicos informan de que 6.500 estudiantes andaluces no podrán pagar su matrícula por ejemplo.

La subida de tasas se acompaña con la disminución de las becas y el cambio de las condiciones de acceso a las mismas. La nota media requerida para estar exento del pago de la matrícula ha subido al 5,5, y se exige el 6,5 para otras ayudas económicas. Con la universidad sucede lo mismo que con la sanidad, que sólo se podrán formar aquellas personas que tengan dinero. La elitización de la universidad es evidente.

Pero además el alumnado recibirá menos calidad por tasas cada vez más caras. ¿Por qué van a recibir menos calidad? Porque el principio –introducido con el artículo 135 en la C.E – de estabilidad presupuestaria, así como la limitación del déficit público y de la capacidad de endeudamiento de las distintas administraciones públicas ha llegado a la universidad y se reducirán gastos de donde sea y muy especialmente de los destinados a personal.

La reducción del precio de la fuerza de trabajo ha sido la política seguida por el ejecutivo del Partido Popular. La primera y más nítida expresión de este propósito la plasmó desarrollando una reforma laboral –Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo– en la que para incentivar la contratación abarató el despido. Lo que en la universidad se profundiza mediante el Real Decreto-ley 14/2012, que incrementó la jornada lectiva del personal docente.

Con esta medida, además de empeorar las condiciones de trabajo del PDI permanente, se persigue disminuir la contratación de profesorado no permanente. De este modo la aplicación de la enseñanza individualizada  que preconiza Bolonia resulta imposible.

La ecuación resulta clara, más horas de docencia para grupos más numerosos. A falta de datos sobre el número de despidos del PDI, lo que sí se puede afirmar, según la CRUE (2012), es que la media de los alumnos y alumnas matriculadas por personal de administración y servicios ha subido de 12,49 en el curso 2008-2009  a 20,79.  Mientras el PDI está asumiendo cada vez más funciones administrativas que no le son propias en una tendencia clara hacia la PASificación del personal de investigación y docencia.

Educación: ¿Cuánto ha cambiado la universidad?

Artículos:

Mª Jesús Miranda
Sociologa

Este es el único artículo que, en toda mi vida, he publicado bajo pseudónimo. La cosa fue como sigue.

Luis González Seara, catedrático de Sociología, fue Ministro de Universidades en el gabinete de Adolfo Suárez, entre 1989 y 1991. Me conocía, como alumna de licenciatura y doctorado. Había estado en el tribunal de mi tesis y  en otro para obtener una plaza de adjunto del que hablaré en otra entrada de este blog. Sabía que era miembro del movimiento de PNNs y que no tenía por costumbre morderme la lengua. De modo que, en 1990, me encargó un estudio sobre la situación de la Universidad española. Necesitaba otro punto de vista.

El estudio  se basaba en un análisis de los presupuestos universitarios y en una serie de entrevistas a catedráticos y profesores de nuestra amplia piel de toro. Creo que le gustó. A través de uno de sus asesores, Ángel Viñas, me pidió una versión reducida para publicarla en EL PAÍS. De pronto, se me quedó mirando y dijo “¿Tú tienes plaza en propiedad?”. Le dije que no. Lo que si tenía eran dos niños pequeños y la necesidad de sacarlos para adelante. Me contestó que, en ese caso, mejor no publicara nada.

Así supe que los PNNs habíamos perdido. Que no habría contratos laborales revisables cada cinco años, ni verdadero reconocimiento del mérito y la dedicación y que la Universidad seguiría mucho tiempo bajo el influjo de aquellos catedráticos fascistas que se perpetuarían en el poder.

Dicen los franceses que el humor es la cortesía de la desesperación. Publiqué el resumen  del estudio, en broma y con nombre falso, en el medio en el que entonces escribía regularmente, El Viejo Topo. Hace de esto 32 años. Que el lector juzgue…

Inseguridad ciudadana: El fantasma tiene distintas sabanas

Artículos:

Elena Herrera Quintana
Sociologa

Los análisis sobre inseguridad ciudadana a principios de los años noventa que podemos encontrar en algunos artículos de Mª José Miranda nos muestran una sociedad confusa, vitalmente insegura pero que tampoco sabe poner nombre a aquello que le aturde, dejándolo caer en el cajón de sastre del término “inseguridad ciudadana”.

Cada colectivo tenía su propia definición, su propio discurso en torno a este concepto. De forma generalista podíamos encontrar dos vertientes básicas: un discurso reaccionario que no diferenciaba entre inseguridad ciudadana e inseguridad física, siendo la fuente básica de esta la delincuencia callejera.

Sin embargo, existía otro discurso que vinculaba la inseguridad ciudadana a una crisis global.
El concepto sostenido en este segundo caso nos resulta muy similar a las características que Beck perfila para hablar de la archiconocida “sociedad del riesgo”.

Aun así,  la inseguridad ciudadana resultaba ser la sabana de todos los fantasmas[…] un malestar al que hemos puesto nombre, pero del que cada uno describimos síntomas diferentes […]”[1]

Lo que resulta revelador es que, actualmente, al mirar las preguntas del Barómetro del CIS correspondientes a la percepción de la inseguridad ciudadana a nivel del país y a nivel personal las tasas han sufrido un descenso asombroso desde 2007:

Años / Inseguridad Inseguridad Ciudadana en España: respuesta múltiple (p.7) Inseguridad Ciudadana en España: respuesta única (p.7.1) Inseguridad Ciudadana a usted: respuesta múltiple (p.8) Inseguridad ciudadana a usted: respuesta única p(8.1)
2001 Enero 8,40% – – – – – –
2004 Sept 16,40% – – – –  – –
2005 Abril 14,20% – – – – – –
2006 Enero 24,80% – – – – – –
2007 Julio 13,50% 4,10% 12,60% 5,30%
2007 CAM 47,30% – – 35,80% – –
2008 Julio 10,00% 2,10% 8,30% 2,60%
2009 Julio 10,30% 0,80% 7,50% 1,80%
2010 Julio 8,10% 0,50% 5,10% 1,40%
2011 Julio 6,70% 0,60% 3,70% 1,30%
2012 Enero 5,70% 0,30% 3,30% 0,80%
2012 Junio 3,90% 0,20% 2,50% 0,60%
2013 Enero 2,90% 0,30% 1,20% 0,40%

En el punto álgido de 2006 la inseguridad ciudadana a nivel nacional representaba el 24,8%, era el tercer problema después del paro y el terrorismo (ETA), para 2007 estaba en 13,5%, (y en 47,3% cuando le preguntábamos a la gente de la Comunidad de Madrid). En ese año comienza el descenso hasta Enero de 2013 que se ha situado en el 2,9%.

Resulta sorprendente puesto que en tiempos de crisis como los actuales solemos percibir mucha mayor inseguridad que en tiempos de bonanza. ¿Es que la gente ya no siente inseguridad? ¿Resulta que las políticas han sabido atajar este problema hasta el punto de llegar a vivir en una sociedad totalmente segura?. Todo lo contrario, la inseguridad se reviste ahora de distintas sabanas.

En los años 90 este concepto era polisémico, una amalgama de desequilibrios, lo que hacía difícil su resolución mediante políticas generalistas. De hecho, de acuerdo con los artículos revisados, estas políticas solo radicalizaban los discursos predominantes ya que hacían el concepto todavía más borroso.

Sin embargo, actualmente, este concepto se ha ido repartiendo entre distintas categorías.

No es que la gente no perciba inseguridad, es que ahora saben cuáles son sus fuentes.  La inseguridad ciudadana como categoría abstracta ha dejado de funcionar y otras han tomado su relevo.

Años / Problemas Paro Problemas indole económica Corrupción y fraude Políticos, partidos y política Inseguridad ciudadana
2001 Enero 56,00% 8,20% 4,80% 8,40%
2004 Sept 58,3%% 11,50% 0,40% 6,90% 16,40%
2005 Abril 54,50% 15,40% 0,70% 6,70% 14,20%
2006 Enero 49,80% 17,20% 0,60% 8,30% 24,80%
2007 Julio 36,50% 16,50% 2,30% 8,90% 13,50%
2008 Julio 56,10% 59,90% 0,80% 6,00% 10,00%
2009 Julio 74,30% 48,50% 1,60% 10,80% 10,30%
2010 Julio 78,00% 51,30% 2,70% 21,70% 8,10%
2011 Julio 81,30% 49,60% 7,40% 24,00% 6,70%
2012 Enero 83,30% 53,70% 12,30% 17,80% 5,70%
2012 Junio 77,80% 43,60% 12,40% 24,30% 3,90%
2013 Enero 81,10% 38,90% 17,70% 30,30% 2,90%

Si nos fijamos en la tabla, los cuatro problemas escogidos correspondientes a las tasas máximas obtenidas en 2013 han ido en aumento respecto a los datos de 2001, sin embargo para el caso de la inseguridad, las tasas han ido disminuyendo. Esto prueba el hecho que comentábamos: la gente ha repartido su respuesta en otras categorías, donde algunas de ellas han tomado un protagonismo altísimo debido a la situación económica y los casos de corrupción política actual.

Por todo esto resulta conveniente destacar el concepto de sociedad del riesgo, incluso podemos encontrar cierta correlación entre los discursos mayoritarios adoptados en los noventa en torno a la inseguridad ciudadana con los dos “estadios sociales” que Beck distingue: sociedad industrial previa a la sociedad del riesgo.

La sociedad del riesgo que define Beck se distingue de la modernidad industrial en que los riesgos no pueden delimitarse al espacio-tiempo, sobrepasan las fronteras nacionales y conectan con los procesos de globalización. La sociedad se problematiza en su totalidad y se hace autocrítica.

Si trasladamos estas características a los discursos antes aludidos sobre la inseguridad ciudadana se nos hace difícil distinguir tan solo la delincuencia callejera como única fuente de inseguridad. Incluso la misma naturaleza del delito se pone en entredicho si pensamos que en esta sociedad del riesgo “[…] las instituciones industriales de la sociedad industrial producen y legitiman peligros que no pueden controlar […][2]”.
Tampoco tiene cabida aquella noción sostenida por el discurso reaccionario de que el delincuente actúa por pura maldad. Eso o bien, todas las instituciones son malvadas.

Tampoco sería posible excluir del ámbito de lo humano a todas aquellas instituciones que legitiman peligros de los cuales no conocen sus consecuencias, como sostiene el discurso reaccionario.

Por otro lado, en el segundo discurso, más global, podemos observar cómo comienzan a perfilarse algunas de las características propias de la sociedad del riesgo. Vincular la inseguridad ciudadana a problemas macrosociales que sobrepasan las fronteras de los países: los jóvenes entrevistados en los años noventa hablan de Chernobyl, de los incendios forestales, aceites contaminados, autobuses en mal estado porque las empresas se niegan a arreglarlos[3]

Aquellos jóvenes que sostenían este discurso autoreflexivo, poco comprensible para las generaciones mayores de aquel momento, perfilaban ya un concepto de inseguridad ciudadana mucho más operativo y ajustado a los tiempos que se avecinaban, incluso llegaba a resquebrajar esta etiqueta en el mismo momento en que le ponen nombre a sus males.

Además la poca claridad en la definición de inseguridad ciudadana, que daba lugar a su vez a políticas vagas y difíciles de implementar, se encuentra ahora con retos  incluso más complicados en tanto que la categoría se ha subdividido en otras.

Las políticas ya no pueden ser generalistas si no múltiples, con nuevos frentes cada vez más fragmentados, ya que, si de nuevo tomamos a Beck, la naturaleza del riesgo, y por ende de la inseguridad,  tiene que ver con su carácter de agregado, lo que el autor alemán llama “[…] característica “y” […]”[4]

En cualquier crisis o problema que tomemos podemos encontrar múltiples dimensiones a tener en cuenta. Para las vacas locas, gripe aviar, alimentos transgénicos, crisis nucleares…necesitamos política sanitaria, exterior, política comercial, marco común europeo o internacional… Un solo país rara vez puede hacer frente a muchos de los problemas que afectan a su población, aunque sea solo por la mera existencia de órganos reguladores internacionales, o que sobrepasan la fronteras nacionales.

De esta forma es cómo aquel segundo discurso sostenido por los jóvenes de los años noventa ha llegado a convertirse en el  más conveniente si lo que queremos es analizar el estado, límites y retos de la inseguridad ciudadana en el mundo de hoy día. El discurso reaccionario ha quedado desarticulado: las reglas del juego global han cambiado, por tanto también lo han hecho nuestras herramientas de análisis y modos de definir la realidad.

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[1] Mª Jesús Mirada, “La construcción social de la inseguridad” [p.1]
[2] Ulrich Beck, “La sociedad del riesgo global”, 1999. [p.123]
[3] VVAA, “Crisis e inseguridad ciudadana” en “Crisis social de la ciudad” [p.192]
[4] Ulrich Beck, “La sociedad del riesgo global”, 1999. [p.77]